Las zonas francas de Dubái —lo que allí se conoce como las Free Zones— se explican casi siempre mal. Se cuentan como un atajo fiscal: un impuesto de sociedades del 0% para las empresas que cumplen los requisitos, exención de aranceles aduaneros y ninguna retención al sacar los beneficios fuera del país. Todo eso es cierto. Y es la parte menos interesante.
Incentivos fiscales bajos los hay en muchos sitios. Los tiene Malta. Los tiene Chipre. Los tuvo Irlanda, con esquemas hoy desaparecidos. Y media docena de países más se mueven en cifras parecidas. Ninguno ha generado lo que generan los Emiratos en creación de empresas, inversión extranjera y atracción de compañías internacionales.
De los más de cien expedientes de empresarios españoles que hemos cerrado entre 2022 y 2026, la conclusión se repite: cuando alguien acaba eligiendo una zona franca, casi nunca es por el porcentaje de impuestos. Es por otra cosa. Porque el proceso es razonable —plazos, precios fijos, un solo interlocutor para todo— y eso, que en cualquier país europeo cuesta de entender, en Emiratos es la norma.
Una sola ventanilla
Crear una empresa en Dubái se ha vuelto un proceso razonablemente sencillo, y la razón está en cómo está montado el sistema.
Cada zona franca es una entidad pública con autonomía para operar. La crea el emirato por decreto —o el Gobierno federal, en el caso de las zonas financieras, de las que hablaremos enseguida— y recibe capacidad para regular su propio territorio. Esa misma autoridad lo tramita todo: la licencia, el alta de la empresa, el domicilio social y el visado del fundador.
El empresario no va de ventanilla en ventanilla ni espera respuestas que dependen de cinco organismos que no hablan entre sí. Va a un sitio, le dicen qué necesita, cuánto cuesta y cuándo lo tendrá. Y luego se cumple. Esto es lo que diferencia el modelo. No el 0%.
Cuarenta zonas compitiendo entre sí
Hay un segundo factor que pesa todavía más y que casi nunca se menciona: las zonas francas compiten entre ellas. En los siete emiratos hay más de cuarenta.
Compiten por captar empresas. Y eso significa que, cuando una mejora un trámite, las demás reaccionan; cuando una baja precios, las otras se ajustan. No es competencia entre Estados ni entre administraciones cerradas en sí mismas: es competencia entre organismos públicos con autonomía real. El resultado es un sistema que no se acomoda, porque no puede permitírselo.
Cada zona, para algo concreto
El tercer elemento es la especialización por sectores. No todas las zonas francas sirven para lo mismo, ni quieren servir para lo mismo.
El DMCC, el centro de materias primas de Dubái, está pensado para el comercio y la intermediación de mercancías. El DIFC —el Centro Financiero Internacional de Dubái— y el ADGM —su equivalente en Abu Dabi— están dedicados a los servicios financieros: cada uno funciona con su propio sistema legal de inspiración británica, el llamado derecho anglosajón, y con sus propios tribunales independientes. Dubai Healthcare City se ocupa de la sanidad; Dubai Internet City, de la tecnología.
Esa especialización atrae al tipo de empresa que necesita esos servicios y, con ella, a los proveedores que trabajan para ese tipo de empresa. El efecto se va acumulando y lleva veinte años construyéndose.
Veinte años sin sobresaltos
A todo esto se suma una estabilidad en las normas que en Europa cuesta imaginar. El marco de las zonas francas lleva dos décadas sin sustos.
Incluso los cambios de fondo se han hecho con margen. El impuesto de sociedades del 9% —que se aplica a los ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de junio de 2023— y el régimen que la ley llama «empresa cualificada de zona franca» —dicho de forma sencilla, la empresa de zona franca que cumple todos los requisitos y conserva por ello el 0% sobre los ingresos que cumplen las condiciones— se anunciaron con años de antelación, con documentación clara desde el primer día y con plazos de adaptación razonables.
El empresario que se plantea instalarse allí sabe a qué juego entra. Puede planificar a tres y cinco años con la tranquilidad de que las reglas no van a cambiar a mitad de partida.
Donde el modelo cojea
Conviene matizar, porque el modelo no es perfecto.
Las zonas francas se diferencian mucho entre sí en calidad y en precio, y quien elige solo por presupuesto, sin comparar requisitos, suele equivocarse. Los costes de funcionamiento han subido en los últimos años, sobre todo desde que entró el impuesto de sociedades.
Y el verdadero cuello de botella —el que ralentiza más de lo que el cliente espera— no está en la zona franca, sino en la banca para empresas. Abrir una cuenta para una sociedad recién creada puede llevar entre dos y ocho semanas, con un control exhaustivo de la identidad del cliente y del origen de su dinero, y varias rondas de aclaraciones. Eso no lo arregla ninguna autoridad de zona franca: depende de los bancos, y forma parte del proceso real.
La pregunta correcta
Las zonas francas de los Emiratos no son una rareza fiscal. Son un modelo de política económica que ha entendido algo que en otras partes sigue costando ver: el empresario internacional no busca un incentivo aislado, busca un sistema que funcione.
Quiere saber qué va a pagar, cuánto tarda, qué obligaciones tiene y a quién llamar cuando surge un problema. Si lo tiene, paga el impuesto que toque. Si no lo tiene, se va a donde sí lo encuentra.
Por eso la discusión sobre fiscalidad internacional se ha centrado demasiado en los porcentajes. La pregunta importante no es a qué tipo tributa una empresa en una zona franca. Es por qué un empresario que podría haber montado su empresa en su propio país acaba montándola en Dubái.
