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Las Administraciones Públicas en el conflicto de los taxistas y Uber: en busca de un culpable (II)


Lilian Fernández
Las Administraciones Públicas en el...
Retomando en el punto en el que quedó la primera parte de este artículo, cabe plantearse cuál debe ser el papel de las Administraciones Publicas en un entorno tan dinámico, cambiante y complejo como el que marca la Edad Digital. Estamos ante un Estado claramente sobrepasado por el empuje de una ciudadanía que utiliza intensivamente las nuevas tecnologías, convertidas en un instrumento que le capacita para interconectar, organizarse y realizar intercambios bordeando o escapando de cualquier regulación y “tutela”. tq7al9jsnvhf6nlkjaou Un nuevo modelo de sociedad emerge con una fuerza imparable y la Administración parece vivir de espaldas a él, con diagnósticos y modelos propios de mediados y finales del siglo XX –intervencionistas, burocráticos, locales…-. Se imponen nuevos canales de comunicación que rompen el monopolio de los medios clásicos, nuevas formas de participación ciudadana que cambian la política tradicional y nuevos modelos económicos, la economía colaborativa, que rompen con el rol del Estado como pivote sobre el que gira la actividad económica. Una sociedad más libre, con mayor capacidad de autorganización que huye cada vez más del control y el intervencionismo. Nada es como solía ser y, a pesar de su resistencia, los actores de la escena pública deben responder a los nuevos retos de cambio y transformación, reinventándose y redefiniéndose. Recuperando el caso concreto el gremio del taxi versus Uber, del que parte esta reflexión, recordemos la síntesis del conflicto: Administraciones que intervienen en un mercado, regulan la provisión del servicio y conceden privilegios, siempre al margen de la lógica económica.  Del otro lado, un gremio, el de los taxistas, que acepta esas normas, realiza inversiones y conforma expectativas de ingresos confiando en la estabilidad de un marco jurídico que anula toda competencia y crea un mercado cautivo. En este contexto irrumpe un modelo como el de Uber, innovador, que escapa a las reglas de juego establecidas gracias a las nuevas tecnologías, incorporando competencia y mayor orientación al cliente. El mercado estable salta por los aires y los operadores tradicionales comienzan una escalada de protestas demandando la intervención estatal para anular toda competencia, prohibiendo la plataforma. A este fenómeno es al que tienen que dar respuesta nuestros gobernantes. Y, ojo, porque el caso de Uber no es único, Mesh Labs tiene registradas nada menos que 5.000 empresas que ofrecen servicios de economía colaborativa. Airbnb, Vayable, Cookapp, Zipcar,  Taskrabbitt, Dogvacay, Fitmob, 1000 Tools, Kickstarter, Spotify, etc.,etc., … son ejemplos de cómo otros sectores -hostelería, turismo, comercio, finanzas, cultura…- están experimentando el mismo proceso imparable. Y, no soy demasiado optimista en cuanto a la solución que se dé, más bien pesimista. Pesimismo que se debe a una personal propensión a ver las cosas en su aspecto más desfavorable, sino del análisis de los patrones que suelen inspiran las actuaciones político-administrativas: Primero.-  Tendencia invasiva que se traduce en una desproporcionada intervención del Estado. Recuperando la frase con que el Profesor Juan Velarde definía la autarquía de posguerra, España padece de “un afán ordenancista de hábitos cuarteleros”. Políticos y altos funcionarios actúan como dictadores benevolentes, consideran al sufrido ciudadano como un menor de edad que necesita ser tutelado. – Curiosamente tienden a interpretar la realidad desde su lejanía y con una auto-otorgada supremacía ético-moral, así que la imagen que se forman, no suele coincidir con las circunstancias ni las necesidades reales-. El resultado es una regulación extenuante que limita y prohíbe, que concede privilegios e impone sobrecostes burocráticos e ineficiencias. La peculiar estructura territorial del Estado español no hace sino amplificar esta tendencia invasiva, parece como si todos los niveles administrativos quisieran justificar su existencia a través de una norma o una traba burocrática. Segundo.- Autismo organizativo que deriva en una desconexión con la sociedad y ausencia de orientación al “cliente”. Si para las empresas de la orientación al cliente depende su supervivencia, en el inconsciente cultural de las Administraciones Públicas, a pesar de las diferentes oleadas de modernización o reforma que se han padecido, todavía persiste la consideración del ciudadano como administrado. -Una anécdota: en un intercambio de opiniones con un compañero le recordaba que los ciudadanos eran nuestros clientes y, por tanto, debíamos orientar y adecuar nuestras actuaciones a sus necesidades, contestación: “Pero en este caso, no son ciudadanos, son empresas”-. Y este hecho tiene un efecto fundamental, el destinatario de la actuación pública –en sentido amplio, englobando tanto actividad del poder legislativo como del ejecutivo y de la Administración como instrumento de éste- es un elemento pasivo en la relación. En lenguaje coloquial,  se sigue actuando bajo la premisa “yo ordeno y tú cumples”. Admitamos que desde la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha habido importantes avances, pero sigue subsistiendo esa cierta idea de supremacía. Más allá, la consideración sólo como ciudadano, en un plano de igualdad y, por tanto, sujeto de obligaciones, pero también de derechos, está absolutamente desfasada en el siglo XXI.  El nuevo paso debiera ser considerarle efectivamente como cliente, pero las Administraciones Publicas tienden a conformar su cosmovisión de espaldas a la realidad social, dando como resultado una imagen irreal de la sociedad y una interpretación del papel a jugar que poco tiene que ver con las exigencias ciudadanas. En resumen, parten de la premisa de que es la realidad la que debe adaptarse a las normas que establece, lo que podía ser válido bajo el paradigma del siglo XX, pero ya no para la Edad Digital Tercero.- Falta de reflejos: La inercia administrativa. Seamos sinceros, el análisis en el ámbito público está marcado por la inercia y el precedente, una vez realizado el diagnóstico, tiende a persistir hasta el fin de los tiempos, aun cuando las circunstancias hayan variado notablemente. Los procedimientos legislativos y administrativos tan burocratizados imposibilitan la inmediatez requerida. Aun suponiendo una voluntad de acompasarse a los cambios sociales, los procesos de toma de decisiones largos, tortuosos, plagados de informes, contrainformes en los que intervienen una pluralidad de órganos, tienen un tempo que no responde al dinamismo de la sociedad. Así que, las regulaciones quedan obsoletas aun antes de entrar en vigor. ¿Cuál es la solución? Retomemos el caso de Uber, la tentación, en la que mucho me temo se caerá de nuevo, es prohibir, obviar los cambios que los ciudadanos demandan y mantener con alguna modificación una regulación obsoleta e intervencionista. Todo un símbolo, de cómo el afán regulatorio y el inmovilismo político-administrativo es incapaz de actuar al ritmo de la Edad Digital, no ya para jugar un rol proactivo, sino, simplemente, para no distorsionar la innovación y los nuevos modelos económicos emergentes que surgen de una sociedad tan dinámica, compleja y globalizada como la que pide paso en el siglo XXI. Estas Administraciones nuestras tan ensimismadas en su “yomimeconmigo” y tan ajenas a la sociedad caen siempre en los mismos errores, pero en esta nueva era lo único que conseguirán es “poner puertas al campo”. Los cambios son imparables con ellas o sin ellas. Su gran reto es no ser un lastre para la economía, sino un valor añadido para la competitividad, porque si no lo hacen tarde o temprano la propia sociedad las extinguirá como a los dinosaurios los extinguieron las glaciaciones. De momento políticos y Administraciones Públicas ya han perdido gran parte de su legitimidad, en un profundo proceso de reforma y autocrítica está no perder la poca que les queda (o nos queda, me incluyo como parte en esta autocrítica). A estas alturas creo que todos asumimos que en el corto plazo no son más que sueños de Quijotes. Siendo más prácticos, ya que no van a promover las condiciones necesarias para dotar de mayor competitividad a la economía, al menos, sería deseable que no impidieran. Dicho de otro modo, la respuesta no es caer en la tentación de seguir interviniendo y re-regular, la solución es simple  liberalizar los mercados y dejar que la iniciativa privada sea el motor de la economía. Creo que ni empresas ni ciudadanos necesitan que nadie les tutele, saben perfectamente lo que quieren, como lo quieren y cuando lo quieren y si no les satisface dejarán de consumirlo y, además, divulgarán en las redes su disgusto. Breve y simple. Prohibir Uber o incorporar sus servicios a la regulación existente, no es si no diferir la solución. La competencia de un modo u otro se impondrá y las Administraciones Públicas deben encontrar el sistema para proceder a la desregulación del mercado. En esta desregulación, el Estado ha de tener en cuenta también a quienes aceptaron en su momento unas normas de juego ineficientes y confiaron en las actuaciones públicas para conformar sus expectativas. Ahora bien, el caso Uber debe ser un aviso para todos aquellos que se acomodan al amparo de privilegios otorgados, la economía colaborativa muestra como los ciudadanos no están dispuestos a pagar sobrecostes o servicios que no se ajusten a sus necesidades. Y por mucho que estos colectivos ejerzan un “lobbysmo castizo” –sindical, gremial o empresarial- para que el Estado siga manteniendo este statu quo, lo único que lograran es retrasar levemente un proceso irreversible. En la tensión entre libertad e intervención, el espacio para las Administraciones Públicas está en la supervisión de los mercados, proporcionar marcos seguros en los que los  ciudadanos y las empresas interactúen libremente. El gran reto es fijar unos límites infranqueables en el comportamiento de los actores que, sin obstaculizar la iniciativa privada, permitan crear el clima de confianza necesario. Para ello se requiere de una vigilancia objetiva, imparcial y tecnocrática, bastante alejada del escenario actual español, donde la discrecionalidad, la politización, las modas de lo “cool” y la influencia de las élites extractivas están presentes más de lo deseado en los organismos supervisores y las Administraciones Públicas. Este modelo debe cerrarse con el castigo de las conductas punibles sin ningún tipo de excepción. Franqueados los límites, la actuación administrativa debe dar una respuesta rápida, clara y sin margen para la arbitrariedad.  Cuando escribo estas líneas el escándalo Gowex ha estallado poniendo de manifiesto cuan alejados estamos de este escenario. Los ciudadanos no necesitan dictadores benevolentes que les tutelen, solo necesitan espacios de seguridad para actuar libremente. Este es el nuevo papel que las Administraciones Publicas deberían asumir.

Borges

Nota final: Hace poco leía el Libro de los seres imaginarios de Borges y la leyenda Animales de los espejos inevitablemente me recordó a esta sensación que  tengo de un tiempo a esta parte: vivir entre dos mundos cada vez más distantes, cada vez más alejados, que conviven más o menos pacíficamente, pero que ya ni siquiera buscan encontrarse. … Esta vez las criaturas de los espejos no serán vencidas.
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Comentarios

  • Isa

    El problema no es si Uber es legal o no, o Airbnb o cualquier otra plataforma. El problema es que unos debemos pagar impuestos y cumplir un montón de obligaciones impuestas por el estado además de las exigidas por nuestros clientes (y estas últimas, muy necesarias para adaptar nuestro producto o servicio a sus necesidades)porque si no, no puedes trabajar y otros ganan sin ningún tipo de obligación más que la que le dicte su conciencia para satisfacer al cliente…
    Y esa es la polémica. Desconozco cuántos trámites y qué deben pagar los taxistas para tener su licencia y poder trabajar pero sí lo que tuve que hacer yo para poder sacar adelante mi hotel rural y gracias a muchas de estas plataformas colaborativas, trypadvisor y compañía y demás webs de anuncios están hundiendo la oferta legal. Igualdad de condiciones es lo que se pide, ni más ni menos.Y el uso de estas vías de comercialización es una forma más de vender. Ni mejor ni peor.

    • Article Author
  • Isa

    Quise decir tripadvisor. Ésta y otras webs también incluyen oferta de alojamientos no reglados (por no llamarlos ilegales)

    • Article Author
  • sergio

    El problema de trasfondo es muchisimo más grave y creo que los árboles no nos dejan ver el bosque.
    Nos dirigimos hacia una sociedad donde unas pocas empresas, mayoritariamente americanas, tienen tanto capital que poseen más poder que los propios países. Se trata de las denominadas empresas/estado, y una prueba de ello la tenemos con uber, que con el respaldo financiero de google ha conseguido un valor de 18.000 millones de euros, bastante más que el PIB de muchos países, y todo ello realizando una actividad ilegal en todas las ciudades del mundo donde se ha implantado. El poder del dinero está demostrando que el que lo tiene puede hacer lo que quiera donde quiera. Sin ir más lejos, en Barcelona, la administración ha declarado ha esta empresa ilegal, le ha abierto un expediente sancionador y le ha instado a cesar su actividad, paralelamente la policía está multando diariamente con sanciones de hasta 5000 euros a sus conductores y como se sienten tan por encima de la ley (esa superioridad que sólo aporta el dinero fácil y en cantidad) pues se atreven a decir que no piensan hacer caso a lo que les ordena la autoridad y que van a seguir con su actividad ilícita.

    Camuflado de innovación, avance tecnológico o consumo colaborativo grandes multinacionales, en su mayoría norteamericanas, están monopolizando cada vez más sectores y simplemente haciendo de intermediarios, una intermediación que tiene como gancho la reducción de precios para el usuario que en la mayoría de casos consiguen con la evasión de impuestos pero que a estas corporaciones les trae sin cuidado porque en última instancia son los proveedores de servicio los que están cometiendo la infracción y a los que tarde o temprano les sancionarán. Mientras tanto las empresas van cobrando unas comisiones brutales de servicio que saben que se acabarán cuando se regularice legalmente si es que llega a darse el caso, puesto que unas tarifas bajas pagando los impuestos correspondientes y una comisión brutal son incompatibles. Pero como son actividades ilícitas pensadas para operar a nivel global pues una comisión de aquí otra de allí y así sucesivamente pues llega un momento en que por ejemplo uber, que cobra el 20% de comisión de cada carrera, pues si tiene 40.000 conductores a nivel mundial que cada dia hacen unas 15 carreras de media de 10 euros pues suponen una facturación diaria de 6 millones de euros y eso implica una comisión diaria de 1.200.000 euros.

    Hay que tener en cuenta que de todo ese dinero no tributa ni un céntimo y en caso de hacerlo sería en américa por lo que están expoliando las economías de cientos de países y precarizando el mercado laboral en el que cada vez hay más gente trabajando sin estar asegurada.

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