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Nunca más privatizar los beneficios y socializar las pérdidas (I)


Andrés Alonso
Nunca más privatizar los beneficios y...

Este es el objetivo del G-20. Los costes fiscales del rescate del sistema financiero han sido demasiado altos. Los rescates bancarios son asimétricos y crean riesgo moral. A diciembre de 2009, las inyecciones de capital y recompras de activos y financiación directa otorgada por el sector público en las economías avanzadas del G-20 ascendieron a 1.220 y 756 miles de millones de dólares respectivamente, según datos del FMI. Estas cifras equivalen a un 3,8% y un 2,4% del PIB de este grupo de países, respectivamente. Correspondientemente, para el caso de la economías emergentes del G-20, las cifras ascendieron a 90 y 18 miles de millones de dólares respectivamente (es decir, un 0,7% y un 0,1% del PIB de este grupo de países respectivamente).

Si bien estas cifras se corresponden con las cantidades puestas a disposición en los paquetes de ayuda, el porcentaje utilizado finalmente fue cercano al 50%. En cualquier caso, existe el convencimiento de que la exposición de riesgo asumido por el sector público se elevó por encima de cualquier límite deseable. Para el caso de los países donde más coste se ha asumido para la reestructuración bancaria, las ayudas directas han significado hasta un 5% bruto del PIB (si incluimos recuperaciones, el coste final baja a un 2,7% del PIB), pero si incluimos las garantías y total de ayudas contingentes, la exposición de riesgo total del sector público llegó a niveles del 25% del PIB durante la crisis.

Para que esto no se repita, el G-20 encargó un informe al FMI para “estudiar distintas alternativas para que el sector financiero haga una justa pero significativa contribución para pagar la carga en la que ha tenido que incurrir el sector público para reparar el propio sistema financiero”. En abril de 2010 se reunieron en Madrid, en el Ecofin, los ministros de Finanzas del G-20 para debatir estas medidas en base a las recomendaciones del FMI. Se debatió sobre una posible “tasa Tobin” para la banca, así como de la posible instauración de “Fondos de Rescate Bancario” destinado a mitigar el riesgo sistémico del sistema financiero. La conclusión, ya discutida en Sintetia, fue que el estudio proseguiría por la vía de los Fondos más que por la de la tasa impositiva sobre transacciones financieras. No obstante, esta misma semana la BBC ha dado a conocer el informe preliminar (y confidencial) que llegó a manos del Ecofin para esta reunión (ver informe completo aquí.

Merece la pena analizar detalladamente dicho informe, con las recomendaciones del FMI.

La primera clasificación para el análisis es:
1. Medidas “hacia atrás”: para pagar “por las deudas generadas de la presente crisis financiera”, un debate ya iniciado en Sintetia.
2. Medidas “hacia delante”: para reducir el coste derivado de futuras crisis financieras (ver aquí la discusión en Sintetia.

El impuesto retroactivo

Comenzaremos en este primer artículo por explicar el primer tipo de medidas. El FMI concluye en este punto que la medida que menos distorsiona es un impuesto “que mire hacia atrás”, el cual grave en función de alguna variable objetiva ya observada en los balances de las entidades durante la pasada crisis, sobre la cual se obligue a pagar una cantidad monetaria fija, con un límite en el posible impacto en los beneficios.

Las ventajas de tasar en función de comportamientos pasados son:
a) Se minimiza la posibilidad de evasión del impuesto, y por lo tanto, facilita la coordinación internacional.
b) La carga real del impuesto recaería sobre los accionistas de los bancos, ya que no habría posibilidad de modificar comportamientos futuros.

Especial atención se debería tomar en definir la base imponible, para evitar posibles problemas legales por este “impuesto retrospectivo”. A este respecto, cabe mencionar las medidas ya tomadas en algunos países para recuperar los costes fiscales debidos al actual rescate bancario:

– Estados Unidos: desde enero de 2010 se encuentra en revisión legislativa una medida consistente en cobrar una comisión por Responsabilidad en la Crisis Financiera (FCR, en sus siglas en inglés). Bajo este esquema, se cobra una tasa anual del 0,15% del pasivo total (excepto aquel utilizado para funciones de seguro con la FDIC) a aquellas instituciones financieras (no sólo a bancos) con un tamaño de balance superior a 50.000 millones de dólares. Esta tasa o comisión estará vigente hasta que se recupere el dinero público utilizado en el paquete de rescate TARP (Troubled Asset Relief Program). Si bien se gravaría a entidades no directamente beneficiarias de ayudas públicas, se opina que todo el sistema financiero ha sido beneficiario final de la reestabilización financiera global.

El coste total del programa TARP se estima que ascienda a 99.000 millones de dólares más 200 millones anuales en costes administrativos y de gestión. Con un total de 60 entidades que se verían afectadas por esta comisión, se estima que entre 2011 y 2012 se recaudaría hasta 90.000 millones.

La clave del impacto de este programa residirá en el nivel de competencia que demuestre tener el sistema bancario americano. En tanto que solo un subgrupo de los grandes bancos americanos será cargado con esta comisión, existirán incentivos para que el coste no se traspase a la clientela debido a la competencia de las entidades que no soporten esta comisión. Además, en tanto se trata de una tasa relativamente baja, no se esperaría un impacto demasiado punitivo para los accionistas. No obstante, existen críticas que apuntan hacia un posible incentivo perverso a incurrir en actividades todavía más arriesgadas para recuperar el coste de dicha tasa. En concreto, el problema reside en aquellas actividades de financiación con bajo margen, como son los repos, donde la tasa puede provocar que este tipo de actividad no sea ya rentable. Esto tendría una potencial repercusión fuertemente negativa para las entidades, pues esta vía de financiación es básica para muchas de ellas. Pero si se quitase de la base imponible de la tasa, se bajaría la recaudación de la misma hasta en un 50%, además de dejar fuera de imposición una fuente de financiación a corto plazo cuyo abuso ha jugado un papel clave en el estallido de la crisis financiera actual

– Reino Unido: en diciembre de 2009 se introduce un impuesto temporal sobre los bonuses pagados a los empleados del sector bancario. Estará vigente hasta que se regulen las remuneraciones de este sector, lo cual se estima sea en agosto de 2010. La tasa será de un 50% y se aplicará a aquellas remuneraciones extra o bonuses (pagadas en efectivo) que superen las 25.000 libras (antes de incluir el impuesto). Además, dicho impuesto no será deducible del impuesto común sobre la renta.

Si bien inicialmente se estimó que esta tasa recaudaría cerca de 550 millones de libras, actualmente se ha llegado a 2.000 millones. A pesar de que se esperaba un recorte de este tipo de remuneración, por la supuesta competencia de talento en el empleo especializado financiero, la evidencia ha demostrado lo contrario, llevando a los bancos a soportar el coste final del impuesto.

– Francia: se ha creado un impuesto temporal sobre los bonuses pagado en el sector financiero durante el año contable 2009. En concreto, se grava en un 50% las remuneraciones extraordinarias o bonuses que superen los 27.500 euros (después de incluir el impuesto). El impuesto será deducible del impuesto común sobre la renta y se estima que recaude 360 millones de euros, que se dedicarán a la promoción de la innovación y ayudas a las PYMEs.

En el siguiente artículo continuaré explicando las medidas “hacia delante” que el FMI propone para modificar los comportamientos futuros de las entidades financieras que pudieran conducir al sistema a un excesivo “riesgo sistémico”. Repasaremos, entre otros, la “tasa Tobin” (impuesto sobre las transacciones financieras), el impuesto “pigouviano” (http://en.wikipedia.org/wiki/Pigouvian_tax) o el “Fondo de Rescate Bancario” (introducidos ya en un debate anterior aquí; aquí; y aquí).

Andrés Alonso

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