¿Existe injusticia fiscal en el trato del Estado a Cataluña?: réplica a Xavier Sala i Martín

6 septiembre 2012

El profesor Xavier Sala i Martín escribía el pasado martes una detallada réplica a mi argumento de que Cataluña no ha sido maltratada fiscalmente por el Estado, debate que se enmarca dentro del rescate a dicha comunidad y de la supuesta losa que la pertenencia a España pueda estar acarreando a la economía catalana. Como Sala i Martín afirmaba, mi argumento no era directamente una crítica a los suyos, sino un intento de utilizar datos públicos para arrojar luz a una de las múltiples caras del problema.

En este artículo abordaré las tres críticas que el profesor hacía sobre mi argumento, agradeciéndole su disposición a debatir constructivamente un tema tan importante como es la estructura fiscal de nuestro Estado.

Crítica 1 – Primera, los datos que aporta están mal.”

Esta es la única crítica que me ha sorprendido realmente. Los datos utilizados son correctos, públicos y se pueden encontrar en las “Cuentas de renta de los hogares de la Contabilidad Nacional del INE. La elección del período 2000 – 2008 no es, como se puede observar, arbitraria, sino que se han utilizado todos los años disponibles en dichas cuentas. La monografía citada, en la cual he participado, ha sido elaborada por el Ivie, institución conocida por su poco apego a las polémicas y portadas fáciles y por su extremo cuidado y rigor en el tratamiento de los datos.

La metodología, explicada en la monografía, es sencilla y verificable: partiendo de la renta primaria bruta de cada comunidad, se detraen primero los impuestos, cotizaciones y transferencias soportadas. Como curiosidad, destacaré que el porcentaje que estas cargas suponen respecto a la renta de las comunidades es muy uniforme; en cierta forma, el sistema impositivo es bastante proporcional en lo que a las comunidades atañe (los datos se refieren a 2007 y están expresados en términos per cápita):

Como se observa en la tabla, Cataluña soporta (en términos porcentuales) una carga sobre su renta similar al de comunidades tan dispares como Asturias, la Comunidad Valenciana o Murcia. La mayor redistribución de renta se encuentra, por lo tanto, en la forma en que las administraciones transfieren y gastan. Y ése es el siguiente paso en la metodología: a la renta minorada se le añaden por un lado (i) las transferencias y prestaciones sociales monetarias –principalmente, pensiones y desempleo- y por otro (ii) las transferencias en especie –es decir, el valor los servicios públicos-. Los resultados finales para 2007 son los siguientes:

La tercera columna es sumamente interesante, al mostrar cuánto supone el conjunto del gasto de las administraciones en cada territorio. Y es interesante porque, al contrario que en la imposición, basada en reglas similares para todos, en el gasto público sí que existe un cierto grado de discrecionalidad que da el poder al Estado de discriminar a favor o en contra de algunas comunidades. El siguiente gráfico representa el gasto total respecto a la renta realizado por las cuatro administraciones que operan sobre una Comunidad Autónoma. La relación es lógicamente negativa, confirmando que la mayor parte de la redistribución territorial se realiza por la vía del gasto.

En esta ocasión, Cataluña se encuentra de nuevo -junto con Navarra, Aragón, Madrid y Andalucía- en el grupo de comunidades más cercanas a la recta de ajuste. ¿Las grandes privilegiadas? Extremadura, Asturias, Galicia y País Vasco. ¿Las más perjudicadas? Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Comunitat Valenciana, Rioja o Baleares. Es decir, el Estado no discrimina a Cataluña ni siquiera donde tiene capacidad discrecional para hacerlo.

¿Por qué he elegido solo el 2007 para estos datos? Para atender una de las críticas de Xavier: el hecho de que el gráfico 2000 – 2008 de mi artículo original no descontaba el efecto del déficit. En primer lugar, esta crítica no afectaba a mí argumento: en ningún momento he dicho que el sector público haga “el milagro de los panes y los peces”. La consideración de dicho déficit en el gráfico original supondría un cambio en el origen, es decir, todas las comunidades aparecerían desplazadas hacia la izquierda, centrando al ciudadano medio en el cero, como decía Xavier. Pero mi argumento se basa en la posición relativa de unas comunidades frente a otras, y no sobre si el Estado se dedica a gastar más de lo que puede permitirse con recurso al déficit. Es precisamente por ello que he elegido 2007 para evitar este problema, ya que el conjunto de las administraciones lograron un pequeño superávit dicho año, y los resultados no están contaminados por el recurso al déficit. [ (*) Dejo para el final una nota un poco más técnica]

Crítica 2 – “El sentimiento de discriminación de Catalunya está en LAS INVERSIONES DEL ESTADO EN CATALUNYA!” – “los catalanes tienen que pagar esas infraestructuras con, por ejemplo, peajes.”

Espero que mi (¿por qué no decirlo?) admirado profesor no comparta esa visión tan ingenua sobre la relevancia de la inversión, la cual me recuerda a amigos que afirmaban que los precios se duplicaron en España con la entrada del Euro al fijarse solo en lo que (aparentemente) más les dolía: el precio de un café.

La naturaleza de la inversión pública no es distinta de la del gasto corriente: una inversión solo es un gasto cuya utilidad (flujo de servicios) se difiere supuestamente durante varios años, pero la frontera entre inversión y gasto corriente es difusa: ¿acaso no debería el gasto en educación computar como inversión? ¿un vehículo en renting es distinto de un vehículo en propiedad? Si uno quiere encontrar una partida contable para sentirse agraviado, siempre va a poder encontrarla. Por ello es idóneo examinar el conjunto del gasto público y no solo alguna partida por separado. Los peajes de Cataluña (¡también los tiene Asturias pero es fiscalmente privilegiada!) son el café de quien pensaba que con el Euro le habían subido el precio de todo. No obstante, para ser completamente transparente, incluyo un gráfico con el share de población e inversión pública realizada por la Administración Central y por la Seguridad Social en Cataluña respecto a España, para que quien quiera sentirse discriminado pueda hacerlo con libertad:

(Nota: los datos provienen nuevamente del Ivie, lo cual me obliga a aclarar que todas las visiones de este artículo son exclusivamente mías. Y, siguiendo con el ejemplo que conozco de Asturias, para mi comunidad hubiera preferido mucho menos cemento y mucha más educación de calidad)

Crítica 3Abel confunde el error de la regresión con la PENDIENTE de la regresión.” – “Lo que debería haber hecho Abel es construir una línea “imaginaria” que represente el grado de solidaridad “optimo” o “deseable” y mirar la posición de Catalunya en relación a esa línea y no en relación a la regresión que ha decidido el gobierno.”

Al primer argumento, un rotundo no. Yo mismo he construido el gráfico y sé perfectamente que la pendiente de la regresión refleja el grado de redistribución efectivo, y no un grado “ideal”, así como los errores reflejan la desviación de cada comunidad respecto a esa norma o patrón existente, nos guste la magnitud de la distribución o no.

En el fondo, toda la crítica de Sala i Martín se condensa en este apartado, concretamente sobre la idea de si el grado de distribución actual es justo: “cualquiera puede venir con una regresión y decir que el grado de redistribución actual es el justo”. No, yo no estoy afirmando que el actual grado de distribución sea justo. Mi argumento sobre la justicia fiscal no trata sobre el grado existente, sino sobre la vara con que se mide a cada comunidad respecto a ese grado.

Y, sinceramente, como no puedo expresar mi opinión mejor que Gregory Mankiw, prefiero citar directamente a su (seguramente admirado) co-director de tesis:

“Reasonable people can disagree about how much the government should redistribute income. Part of the disagreement is economic: for example, how large are the elasticities that determine tax distortions? Part of the disagreement is philosophical: for example, is taking money from high-wage individuals to give it to low-wage individuals a way to ameliorate the injustices inherent in a market economy or a form of government-sanctioned theft? Economists can help with the economic part of the disagreement, but we have no comparative advantage to help with the philosophical part.”

Es decir, los economistas tenemos mucho que decir sobre cómo responden los individuos a las distorsiones impositivas, pero poco que decir sobre cual es el grado óptimo de distribución, que depende de los valores individuales de cada persona. La justicia a la que me refería en mi argumento no trata sobre el grado de distribución. Will Kymlicka, en su sensacional obra sobre las distintas corrientes de la filosofía política, explica cómo el punto de encuentro de todas las teorías de la justicia es que ésta se da cuando todos los individuos son tratados por igual respecto a la norma o la ley vigente.

Nadie puede discutir que existe un consenso moral, plasmado en unas normas y procedimientos fiscales, de que los individuos más afortunados han de cubrir parcialmente las carencias de los menos afortunados. Así, si el consenso moral se refleja en una cierta redistribución -es decir, en la pendiente del gráfico en disputa-, la justicia o su falta dependerá de lo cerca o lejos que esté un individuo (o conjunto de individuos) de dicha norma.

Y la magnitud de dicha pendiente no la he impuesto yo con una regresión. El grado de equidad se decide, por supuesto de forma imperfecta, en las urnas. Si una sociedad prefiere más redistribución, votará a partidos más escorados hacia este objetivo y la oferta política de los partidos a su vez responderá endógenamente a su percepción sobre las preferencias agregadas de los ciudadanos. Y, con todas las reservas que uno pueda tener sobre la capacidad de agregación de preferencias en las democracias, pocos discuten hoy que es el mejor sistema de que disponemos para decidir en sociedad.

Para terminar, una cuestión muy distinta es el proceso de formación de las naciones. Uno podría argumentar que Cataluña tiene una identidad cultural tan distinta a la de España que ambas partes vivirían mejor con una separación. Y, efectivamente, esos procesos se producen continuamente en el mundo. En este sentido sí que podría un ciudadano de Barcelona argumentar que prefiere ser más solidario con un ciudadano de Lleida que con otros de Oviedo o Murcia. Pero, nuevamente, poco tenemos los economistas que decir sobre un asunto que suele dilucidarse mediante un proceso político largo y complejo. Una cosa es nuestra opinión personal, y otra cosa es la luz que podamos arrojar con las herramientas de nuestra profesión.

¡Gracias de nuevo por su disposición a debatir!

[*] A pesar de que el Sector Público en su conjunto experimentó un ligero superávit en 2007, el efecto neto de la acción del sector público sobre la renta primaria sigue siendo positivo en un 2,5%. Aunque no dispongo de una respuesta 100% fiable sobre esta desviación que reporta el INE, mi intuición se encuentra en un argumento que desarrollaron Boldrin y Conde-Ruiz en Nada €$ Grratis, que explicaban cómo parte de nuestros ingresos fiscales durante el boom no procedían de actividades productivas (incluidas en la renta), sino de, por ejemplo, el IVA obtenido del exceso de recaudación por el 10% del déficit comercial que España alcanzó a tener a finales del período (es decir, el IVA que gravaba el exceso de importaciones que no computan en el PIB).

Artículo escrito por Abel Fernández

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