Hace unos días asistí a un evento relacionado con el tratado de libre comercio que se está negociando entre los Estados Unidos y la Unión Europea, el denominado TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), iniciativa económica de primer orden que levanta muchos recelos y polémicas y que más pronto que tarde analizaremos a fondo en Sintetia, dado su enorme interés.
Dicho evento estaba promocionado por el TABC, Trans-Atlantic Business Council, una asociación intersectorial de compañías globales estadounidenses y europeas (más de 70), que constituye el principal interlocutor empresarial con el gobierno de los Estados Unidos y la Comisión Europea en cuestiones de comercio e inversión internacional, siendo la única organización empresarial de carácter transatlántico con voz propia en el TTIP. Ahora bien, el TABC es sólo una más de las muchas entidades que han realizado lobby (en este caso, a favor) para influir sobre el Tratado a uno y otro lado del océano.
En efecto, numerosas organizaciones empresariales y civiles, gobiernos, sindicatos, grupos medioambientales y de derechos humanos, agricultores, universidades, centros de investigación, think tanks, etc., están tratando de hacer valer su posición ante el TTIP durante las complejísimas rondas de negociación (vamos por la quinta). Tal realidad es poco conocida por el ciudadano de a pie, que puede pensar con razón que todo este asunto se está cociendo a sus espaldas. Nada más lejos de la realidad. Entre otras cosas, para eso existen los lobbies.
El rechazo instintivo del ciudadano español a la institución del lobby está fuertemente arraigado, tal y como comentábamos en el primer artículo de esta serie. Conociendo incluso sus sólidos antecedentes democráticos, a bastantes lectores les sigue oliendo a chamusquina. Uno de ellos, Juan, me comentaba en Twitter que “una vez leído el artículo… sigo teniendo la sensación de que la ética brilla por su ausencia. Van a lo suyo”. Otro lector, Pau, apreciado amigo y compañero de diatribas, además de miembro activo de la formación “Pirates de Catalunya”, afirmaba que “no es lo mejor. A simple vista uno se da cuenta que crea condicionantes que encarecen y eliminan la competitividad. Un sistema de corrupción legal”.
Ambas opiniones, aunque respetables, me parecen superficiales y adolecen de las manipulaciones interesadas, los perjuicios y el desconocimiento que apuntábamos hace unas semanas, al identificar automáticamente el lobbysmo con oscuros grupos de poder económico y político que hurtan al ciudadano su participación en los asuntos públicos. Una visión que sólo se despeja con divulgación y conocimiento.
Pongamos por ejemplo el caso de Michael Correia (el hombre de la foto), director de relaciones gubernamentales de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis y muy conocido lobbysta en Washington en favor de la legalización de la marihuana. Curioso puesto, ¿no?
¿Queremos saber lo que ha pagado la asociación para ejercer dicha actividad? Sencillo, basta acudir a los registros públicos (en este caso, utilizo Opensecrets.org, del “Center for Responsive Politics”):
Comprobamos que la citada Asociación se gastó 30.000 dólares en lobby durante 2013 y lleva gastados 20.000 en 2014. ¿En qué temas se trató de influir durante el pasado año? La base de datos también nos lo revela: cuestiones financieras, legales e impositivas. Muy lógico.
Podemos conocer asimismo sobre qué instituciones políticas se ejerció la actividad de lobby. Aquí las tienen:
Y todavía hay más. La información pública nos indica en qué normas legales del año 2013 incidió la actividad lobbista del señor Correia:
En la misma página, podemos verificar que el mismo lobbysta ha ejercido idéntica actividad para otro grupo de ciudadanos, muchos de ellos profesionales médicos dedicados a favorecer la legalización de la marihuana en “The Marijuana Policy Project”, asociación que lleva desembolsados muchos dólares en ello:
No sé qué opinarán los lectores, pero en este sencillo ejemplo sólo puedo advertir una actividad legítima y transparente, ligada tanto a intereses empresariales como individuales, y bastante avanzados socialmente, por cierto.
Lo mismo ocurre con cuestiones tan relevantes como la pena de muerte, en la que numerosos y muy conocidos clientes han contratado servicios de lobby, tanto para influir en contra (la mayoría) como a favor de su mantenimiento:
Por curiosidad, y siguiendo este mismo hilo informativo, podemos comprobar como Amnistía Internacional, nada sospechosa de tenebrosas maquinaciones, ha gastado unos cuantos millones de dólares en lobby (214.636 $ en 2013, repartidos entre 7 lobbistas). Extraigan sus propias conclusiones.
Al igual que con la pena de muerte, se hace lobby sobre medio ambiente (con 2675 organizaciones “clientes”), aborto (63), matrimonio gay (3), pobreza (81), derechos de la mujer (530), educación (5177) y un enorme etcétera que abarca prácticamente cualquier actividad civil o mercantil de la sociedad estadounidense. Me he centrado ex profeso en las áreas más “progresistas” para desmentir, de una vez por todas, la falsa creencia de que los únicos que realizan lobby con intensidad son las grandes corporaciones industriales o financieras. Les animo a investigar para comprobar que no es así. Ni en Estados Unidos ni tampoco en la Unión Europea.
En la pujanza del lobbismo norteamericano (recuerden, 3.230 millones de dólares gastados en 2013) subyace una característica muy propia de este país: el ciudadano estadounidense, siempre muy crítico y vigilante con el empleo público de los impuestos que paga, es a su vez altamente desprendido con su dinero cuando lo destina a causas que considera de su incumbencia. Y sus compatriotas más acomodados suelen contribuir muy generosamente a dichas causas, ya sea a través del mecenazgo, las donaciones o los propios lobbies.
Aquí son habituales casos como el de Tom Steyer, multimillonario activista en temas de medio ambiente que en 2012 se gastó en California la friolera de 32 millones de dólares de su fortuna personal, haciendo lobby para endurecer la legislación impositiva a las empresas petrolíferas. Un Think Tank tan poderoso como la conservadora Fundación Heritage, con 76 millones de dólares de ingresos por aportaciones en 2013 (75% procedentes de particulares), constituye otro ejemplo palmario del poder contributivo individual de los norteamericanos en defensa de sus intereses.
No debemos olvidar, además, el hecho clave de que cualquiera puede consultar libremente a la información que acabamos de describir, lo que desmonta no pocas fobias conspirativas. A mayor abundamiento, en Estados Unidos son públicos y fácilmente accesibles los datos de contacto de los representantes políticos elegidos (como mínimo, su teléfono, dirección y correo electrónico) y, por si fuera poco, la administración está obligada a proporcionar, en cumplimiento de su veterana Freedom of Information Act (FOIA), respuesta sobre cualquier cuestión, sea cual sea su naturaleza, planteada por un ciudadano o grupo de ciudadanos, con excepción de ciertas materias protegidas expresamente por la ley. Como bien apuntaba otro de nuestros atentos lectores, una avalancha de peticiones individuales puede detener importantes iniciativas legislativas.
Háganse ahora la siguiente pregunta: ¿cuántos intereses diferentes de millones de ciudadanos están representados en la actividad desarrollada por estos lobbies? Mi respuesta: muchos, y cumplen un importante papel en el mantenimiento del complejo equilibrio del sistema político estadounidense, representado por sus famosos “checks and balances”.
A esto lo denomino yo participación directa en los asuntos públicos. En definitiva, democracia.
Antes de concluir esta segunda parte, quisiera efectuar tres puntualizaciones importantes que a menudo nos llevan a confusión:
1) Hacer lobby no es una actividad caritativa. Quien paga por ello espera obtener un beneficio legítimo y constatable (económico, social, individual o colectivo), aunque no siempre lo logre. Si realizar esta labor no reportara en el tiempo la satisfacción de una parte importante de los intereses de quienes pagan por ella, no duden de que acabaría desapareciendo.
2) Aunque les parezca una obviedad, hacer lobby a políticos y funcionarios es una cosa, y sobornarlos otra muy diferente. La primera supone una actividad legal que implica un pago a una tercera persona u organización para defender unos intereses determinados ante dichos representantes públicos. La segunda… ya saben, pero en ningún caso es lobbismo, por mucho que se empeñen algunos distorsionadores de la realidad.
3) Las donaciones a candidatos o a campañas electorales tampoco son estrictamente lobbismo, y en este país hallan también sujetas a una mucho mayor (y mejor) auditoría ciudadana que en el nuestro. Como aperitivo, valga este interesante resumen de aportaciones económicas desglosadas por grupos de interés:
Finalmente, huelga comentar que no es oro todo lo que reluce. La frontera entre el lobbismo y la corrupción política ha sido traspasada muchas veces en la historia, lo que ha obligado a ciudadanos y legisladores a ir perfeccionando la normativa. La preocupación por los efectos perniciosos de una excesiva concentración de poder sobre el gobierno en una reducida élite de personas (con elevados recursos económicos) sigue siendo elevada, y ha forzado al Congreso a promulgar nuevas leyes para conseguir una mayor transparencia y limitar algunas actividades y gastos. De todo ello trataremos en la siguiente entrega.
Espero haber podido mantener su interés sobre este apasionante tema y les animo a participar con sus comentarios y aportaciones, con tanta lucidez y entusiasmo como han hecho hasta ahora.
