Este artículo surgió ya hace unos días de la coincidencia en el tiempo de una animada charla sobre medios de comunicación y la noticia sobre la polémica cancelación del contrato de colaboración de Televisión Española con el economista Juan Ramón Rallo, relacionada con sus declaraciones a favor del cierre de todas las televisiones públicas.

Sobre la citada cancelación, no diré más que lo ya apuntado en mi blog: sólo podemos avanzar mediante el debate continuo de ideas contrapuestas, y Rallo suponía un discrepante soplo de aire fresco en el paupérrimo y monolítico debate económico nacional. Es una pena que los prejuicios ideológicos de algunos sustraigan la posibilidad de un conocimiento financiero tan necesario para muchos otros. En cualquier caso, un hecho nada sorprendente en el solar intelectual español.

No. El objeto de esta entrada es otro: evidenciar el arcaico concepto que aquí solemos tener de lo público, y en concreto de lo que debe ser o no una radio o televisión públicas. Y trataré de mostrarles que, para variar, otra visión es posible.

Pero antes es necesario repasar algunas cifras sonrojantes.

El despropósito español.

¿Qué voy a contarles sobre Radio Televisión Española que ya no sepan? El año pasado terminó con unas pérdidas de 113 millones de euros, acumulando una deuda de 254 millones desde 2011. Cabe recordar que en el ejercicio 2010 se completó totalmente la asunción del antiguo pufo de RTVE por el Estado (nada menos que 7.850 millones de euros en 2006, 3.111 en 2007 y el resto hasta 2010). Esto es, tapamos aquel enorme agujero con erario público… para después seguir cavando, lo que demuestra nuestra acreditada incapacidad para aprender de errores pasados.

En la actualidad, la Corporación RTVE (no dejen de ver su bonito portal) se financia por un sistema digno de los hermanos Marx, que puede consultarse en la página de la SEPI y que no ha conseguido impedir nuevos y sucesivos números rojos, al aunarse una disminución continuada de los ingresos con una injustificable incontinencia en los gastos.  Una situación que ha provocado que el presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, acabe de dimitir de su cargo (tras dos años y medio de lamentable gestión), después de no recibir los fondos necesarios para cuadrar dichos números rojos.

Todo este dislate sirve para desempeñar (transcribo literalmente) “una función de servicio público reflejada en una programación que asegura la pluralidad social, ideológica, política y cultural de la sociedad española” y que “garantiza el derecho de acceso de las minorías a nuestros canales”. Ah, y con “independencia, objetividad y veracidad en los contenidos”. Esto es, la consabida prodigalidad pública con el dinero del ciudadano, sin fijación de objetivos ni asunción de responsabilidades de gestión. Nuestro constante déjà vu.

Si la situación de RTVE es negra, ya no digamos lo que ocurre con las radios y televisiones autonómicas (asociadas en la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos, FORTA), otro ejemplo de caos público que ha sido acusado de irresponsabilidad, despilfarro, enchufismo, utilización partidista y falta de transparencia. En total, doce entes de radio y televisión autonómicos (tras el polémico cierre de la Radio Televisió Valenciana, RTVV) que en 2013 necesitaron de una inyección de 882 millones de euros  de sus respectivos gobiernos para sobrevivir (1.000 millones si contabilizamos asunción de pérdidas), y que en 2014 serán subvencionadas con otros 813 millones. Todo ello con una deuda que a finales del año pasado alcanzaba la friolera de 1.600 millones de euros. Y eso que la FORTA presume de “una larga trayectoria, que ha servido para consolidar el modelo de servicio”.

Modelos de “servicio” como el de la radiotelevisión pública catalana (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, CCMA) deficitaria pero con más de 2.500 trabajadores, frente a los 3000 que tienen en conjunto las grandes privadas Atresmedia y Mediaset. Todo sea por el aparato mediático, ruina incluida.  Como escribía un buen colega: “el NODO más caro de la historia”.  Y no son los únicos.

Según el “Informe sobre el papel de la Televisión Pública Autonómica en España”, elaborado por la consultora Accenture para la FORTA, en 2010 el “mix” de financiación de las televisiones públicas autonómicas supuso que el 26% de los ingresos provinieron de la publicidad u otros ingresos, mientras que la aportación pública representó el 74% (y subiendo). Quédense con este dato y el siguiente gráfico para más tarde:

Las preguntas que obligatoriamente debemos formularnos es: ¿Tiene sentido todo este despilfarro? ¿Se justifica el pretendido servicio público que se dice prestar? ¿Quién asume la responsabilidad de la mala gestión y el endeudamiento rampante? ¿Es sostenible este modelo? ¿Hay otras alternativas?

Dejar de mirarnos el ombligo y echar un vistazo atento a nuestro alrededor constituye un inmejorable remedio para la postración. Por tanto, como vengo haciendo desde mi llegada a los Estados Unidos, qué mejor opción que la de observar a mis vecinos y compartir lo observado con ustedes.

El peculiar concepto de “medio público” en Estados Unidos.

Cuando en Norteamérica se habla de una radio o televisión públicas, ello presupone inmediatamente un interés por parte del público, además de una participación activa de ese público en el medio, tanto mediante la aportación de contenidos para la comunidad como a través el apoyo económico directo. Y ello incluye, como veremos, a particulares, empresas, instituciones educativas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. La administración (federal, estatal o local) contribuye asimismo con fondos en un interesante y equilibrado quid pro quo, además de supervisar la calidad, utilidad, representatividad y diversidad de los contenidos. Se trata, en fin, de proporcionar un servicio útil a los ciudadanos, y no de competir con la radiotelevisión comercial; para esto último no es necesario un medio público. Zapatero a tus zapatos.

En Estados Unidos, la armonización, promoción y desarrollo de las radios y televisiones públicas, así como la canalización de los recursos federales a las mismas corresponde a la Corporation for Public Broadcasting (CPB)  creada en 1967 por el presidente Lyndon B. Johnson al promulgar la Public Broadcasting Act of 1967.

La CPB colaboró inicialmente con la preexistente Red Nacional de Televisión Educativa, y posteriormente participó en la creación de las dos grandes corporaciones públicas actuales de televisión y radio: Public Broadcasting Service (PBS, 1969), que produce y distribuye contenidos para las 348 emisoras públicas de televisión regional y local que la constituyen; y la National Public Radio (NPR, 1970) que produce y distribuye programas a 286 miembros y 835 estaciones de radio, aunque su programación se escucha en casi 1000 emisoras estadounidenses.

Las cifras son importantes: nos estamos refiriendo a la nada despreciable cantidad de 118 millones de telespectadores y 148 millones de radioyentes al mes, dato que valoré hace unos días con una sonrisa cuando un avispado tuitero, furibundo defensor de TV3, me comentaba que los medios públicos norteamericanos eran “marginales”. Un verdadero figura, aunque si con “marginales” se refiere a que sirven a los intereses de los ciudadanos en las comunidades donde están asentados y que no propician el adoctrinamiento masivo, le doy la razón.

En este sentido, la CPB proporciona fondos al Independent Television Service (ITVS), para favorecer las producciones independientes e innovadoras, así como a cinco consorcios minoritarios que representan a productores afroamericanos, latinos, asiáticos, nativos americanos y de las islas del Pacífico. Un buen ejemplo de apertura y diversidad. Pero es que, además, las cuentas cuadran.

Haciendo números.

Un primer dato financiero relevante a considerar es que la CPB “sólo” proporciona el 16% de la financiación de las radios y televisiones públicas: un total de 444,1 millones de dólares en 2012. El resto de recursos provienen de las siguientes fuentes:

• 2,2% de otras aportaciones federales: 60,1 M$
• 19,4% aportado por estados y corporaciones locales: 538,7 M$
• 62,5% recursos privados: 1.734,9 M$

Han leído ustedes bien: los ingresos conjuntos de las radios y televisiones públicas de Estados Unidos en 2012 fueron de 2.777,8 millones de dólares, de los cuales un 62,5% correspondieron a fondos procedentes del sector privado. Podríamos pensar que quizás tal cantidad de dinero provenga de ingresos publicitarios, pero nada más lejos de la realidad. Veamos el desglose de ese 62,5%:

• Un 28,5% de aportaciones individuales, en forma de suscripciones.
• Un 15,6% de aportaciones empresariales, mayoritariamente patrocinios.
• Un 9,6% del ámbito universitario.
• Un 8,4% de fundaciones de diversa índole.
• Un 0,4% de otras aportaciones, tales como donaciones.

Yo mismo formo parte de esa legión de suscriptores. En mi caso, hago aportaciones a una de las grandes emisoras de la NPR, la American University Radio (WAMU 85.5), una radio de altísima calidad de contenidos y que ofrece a sus oyentes (“miembros”) muchas opciones de apoyo, entre ellas destinar su dinero a un programa en concreto. Sólo desde esta apuesta libre y personal de cada ciudadano por la calidad, puede entenderse la fidelidad de la audiencia hacia Diane Rehm, locutora con graves problemas físicos de dicción y conductora de uno de los espacios más prestigiosos de la radio pública, The Diane Rehm Show. O el mantenimiento diario desde 1993 (a las 06:35 de la mañana, en pleno commuting) de un espacio ya legendario dedicado a las efemérides y la poesía como es The Writer’s Almanac, del que soy fiel seguidor.

Qué quieren que les diga: me da mucha envidia, de la sana.

Dos últimos detalles de interés a reseñar. En primer lugar, la aportación privada es mayor en la radio (al tener más audiencia) que en la televisión pública. Por otra parte, las remesas públicas se han mantenido constantes en el tiempo, con mínimas variaciones. En otras palabras: para sobrevivir y crecer, las emisoras han tenido que apostar por la calidad e interés de sus contenidos, medida en oyentes y telespectadores. No hay rescates de deuda que valgan.

Les animo a profundizar en el aspecto financiero y a comparar estas cifras con las nuestras. Sobran los comentarios.

Estamos, por tanto, ante una visión harto diferente de lo que conocemos en España por medios “públicos”, ¿no les parece? No tan rutilantes como los nuestros, pero sostenibles y acordes con el papel mucho más limitado que deberíamos esperar de las administraciones públicas españolas en esta materia. Les animo a reflexionar y a profundizar en ella.