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Los problemas estructurales futuros de España: el mecanismo de transmisión y una posible solución


Abel Fernández
Los problemas estructurales futuros de...

El aspecto más difícil de valorar en la actual crisis de deuda soberana es el, para muchos agentes, “excesivo” castigo a las emisiones de deuda del Estado. Si el nivel de deuda pública de España es inferior al de la media de la Unión Europea (el 61% frente al 80% a finales de 2010), ¿por qué desconfían los inversores de nuestra solvencia fiscal? España podría permitirse tres o cuatro años más de fuertes déficit fiscales antes de alcanzar el nivel de deuda del resto de la UE, luego el motivo del sobrecoste que cada emisión ha de asumir no se encuentra exclusivamente en la incertidumbre sobre nuestra situación a corto plazo.

En este artículo intentaré resumir (a) tres grandes problemas estructurales que la economía española presenta en el largo plazo, (b) un sencillo mecanismo de transmisión, basado en la teoría de juegos, que podría estar trayendo nuestros problemas fiscales futuros al presente, y (c) una solución sencilla, basada en la racionalidad y en las expectativas de los compradores de deuda, que no implique más ajustes fiscales negativos en el corto plazo.

a. Tres problemas estructurales a largo plazo

Los tres problemas que a continuación se describen tienen su origen en un mismo fenómeno irreversible, el envejecimiento de la población, y en la dificultad y lentitud con que en España suelen llevarse a cabo las reformas.

1. El gasto en pensiones será, sin reforma alguna, muy difícil de sostener a partir del año 2040. Las proyecciones más sensatas para la economía española, elaboradas por Domenech y Melguizo (2008) y actualizadas por Domenech y de la Fuente (2009), presentan la evolución del gasto público en pensiones para los próximos 50 años en ausencia de reformas. Los distintos escenarios que los autores planteaban dependían principalmente del comportamiento de la población, de la tasa de actividad y del crecimiento de la productividad.

(Fuente: Domenech y de la Fuente 2009)

Las proyecciones iniciales preveían una entrada en déficit alrededor 2030 y una deuda del sistema en 2050 que rondaría en las previsiones más optimistas el 50% del PIB y que superaría incluso el 300% del PIB en el escenario pesimista. ¿Qué escenario parece más probable a día de hoy? En primer lugar, la reforma de 2010 del sistema de pensiones ha alargado dos años la edad de jubilación y ha aumentado el periodo de cómputo de la base, reduciendo la pensión efectiva de algunos colectivos. Pero, si bien la reforma ha mejorado las perspectivas en el largo plazo, la larga crisis económica ha sumido ya a la Seguridad Social en números rojos y está colocando a España en una senda del PIB potencial sensiblemente inferior. Además, los supuestos optimistas sobre tasa de actividad (80%) y de tasa de paro (4%) parecen muy improbables en un país como España, cuya estructura laboral suele estar más cerca del 60% de actividad y el 10% de paro, incluso en situaciones de bonanza.

Si hace pocos años se vislumbraba un periodo tranquilo de adaptación al inevitable envejecimiento, este periodo apacible ya no existe. España habrá de adaptar su estructura productiva a marchas forzadas en medio de políticas fiscales restrictivas y de un desapalancamiento forzado del sector público, de los hogares y del sector financiero (incluyendo aquí un saneamiento con fondos públicos de entidades en quiebra).

2. El gasto sanitario se disparará por el envejecimiento. El copago sanitario no sería más que un diminuto parche dentro de los graves problemas que presenta el envejecimiento. La cronificación de enfermedades, el exceso de hospitalización y el aumento de la morbilidad agravarán un problema bien conocido: el gasto sanitario es muy desigual y desproporcionadamente más alto en los mayores de edad y, especialmente, durante el último año de vida de las personas. Mientras el ciudadano mediano genera solo unos pocos cientos de euros de gasto sanitario anual, el 1% más desafortunado genera más de 100.000€.

Las consecuencias demográficas de la Guerra Civil española y la postguerra están dando un respiro al gasto sanitario actual: de haber tenido unas tasas de natalidad más altas entre 1936 y 1950, ahora contaríamos con muchos más individuos en la franja de los 65 a los 76 años, generando un gasto sanitario adicional importante (y también en pensiones). Pero este “respiro demográfico” está llegando a su fin, y cada vez serán más numerosas las cohortes de población que comiencen a entrar en las edades de mayor gasto. La magnitud del problema puede observarse en el siguiente gráfico, que muestra el gasto sanitario en EEUU por grupos de edad en relación al gasto medio de un ciudadano en edad de trabajar. La población entre 65 y 74 años consume más del doble que la población en edad de trabajar, la franja entre 75 y 84 años casi cuatro veces más y los mayores de 85 años consumen hasta seis veces más recursos.

El aumento del gasto sanitario es, desde luego, un problema de difícil solución, y que probablemente requerirá duros recortes e inevitables desigualdades en la asistencia recibida por los individuos.

3. La productividad agregada sufrirá un fuerte shock negativo debido al descenso medio de la productividad individual pasados los 50 años de edad y (de nuevo) al envejecimiento medio de nuestra población. Esta caída de la productividad está ampliamente documentada a nivel individual (ver aquí un resumen de la literatura), y afecta en mayor medida a las tareas basadas en el aprendizaje, la rapidez y la capacidad de resolución de problemas, mientras que no se aprecia tanto en tareas basadas en habilidades verbales y en la experiencia.

El problema en este caso no es solo el shock negativo de productividad, preocupante por sí mismo (posible recesión, reducción de recaudación), sino la tendencia del sistema a primar la antigüedad laboral por encima del factor clave en la determinación eficiente del salario: la productividad. Así, las empresas compuestas mayoritariamente por mayores de 50 años pueden verse atrapadas en un bucle de costes laborales crecientes y productividad decreciente. Esta perniciosa dinámica puede llevar a multitud de despidos en un colectivo con muy baja empleabilidad, dado que el retraso de la edad de jubilación dificultará las prejubilaciones. La gravedad del problema reside de nuevo en la inercia de envejecimiento de la población: mientras hoy solo un 25% de la población en edad de trabajar tiene más de 50 años, esta proporción estará entorno al 40% en 2050, habiendo aumentado principalmente el colectivo de trabajadores de más de 60 años.

b. Los problemas fiscales del futuro están aquí: el mecanismo de transmisión

Aunque los lectores economistas y los aficionados a la teoría de juegos conozcan los mecanismos de transmisión, no está de más explicarlos en el contexto de la financiación del Estado. Imaginemos, por simplicidad, que el Estado se financia exclusivamente con bonos a 5 años. El comprador actual puede pensar que la situación dentro de 5 años no será más grave que la actual y que España podrá atender a sus pagos, y en un sentido estático quizás esté en lo cierto. Pero, ¿y si pensamos en el comprador de bonos del año 2042 (dentro de 30 años)? ¿Confiará en recuperar en 2047 su inversión? Si para entonces ya hace tiempo que se han tomado las medidas necesarias, es probable que la situación esté bajo control. Pero, si no se han tomado con antelación, buscará un activo más seguro porque la presión del gasto en pensiones, sanidad y prestaciones habrá puesto al Estado al borde de la quiebra.

Ahora bien, ¿qué influencia tiene la perspectiva del comprador de deuda española de 2042 sobre nuestra prima de riesgo actual? La clave radica en que la mayoría de emisiones de bonos se realizan para cubrir los vencimientos de la deuda viva. Es decir, los Estados modernos no suelen devolver su deuda, sino refinanciarla y esperar a que “mengüen” en términos relativos por el crecimiento nominal del PIB. ¿Para qué necesitará entonces el Estado emitir deuda en 2042? Pues, con toda probabilidad, para hacer frente a la emisión que realizó 5 años antes, en 2037.

Situémonos ahora en la piel de dicho comprador de 2037. La disyuntiva que se presenta ante él es idéntica que la del comprador del año 2042, ya que solo recuperará lo invertido si alguien compra la emisión que, cinco años después, servirá para hacer frente al pago de la anterior emisión. La pregunta relevante para el inversor de 2037 es, por lo tanto, la misma que la del inversor de 2042: ¿se han realizado las reformas con la antelación suficiente o se dirige España directa a la bancarrota fiscal? Si no es así, será difícil que la emisión que tendrá lugar cinco años más tarde encuentre compradores, luego optará por no comprar dicha deuda. Y en la misma situación estará el inversor de 2032, el de 2027… y así hasta que la inducción nos sitúa en el momento actual, 2012.

¿Qué están descontando entonces las primas de riesgo actuales? Dado que el nivel de deuda pública es menor que el de la UE y que ni siquiera la actual recesión hará que el nivel de España supere a sus vecinos, es muy probable que los agentes financieros estén descontando la probabilidad de que las soluciones a los problemas estructurales lleguen demasiado tarde. Y, a la vista de la lentitud de reacción de la sociedad española y de la confusión y timidez de las reformas emprendidas, los motivos para desconfiar son fundados: en esta ocasión han sido necesarios 5 millones de parados para emprender una reforma laboral. ¿Qué habrá de suceder para que, de ser necesario, se recorten prestaciones sanitarias y pensiones?

c. Una posible solución: racionalidad y expectativas

Durante el anterior ciclo expansivo, las entidades financieras se comportaron de forma extremadamente racional, asumiendo riesgos excesivos y aprovechándose del seguro que suponía el compromiso implícito de salvamento. Pero esta racionalidad extrema opera en ambos sentidos, y los mercados financieros son los agentes que mejor responden a los compromisos creíbles a largo plazo y los que mejor incorporan la información futura disponible. Esta característica hace posible hoy una mejora de nuestra solvencia fiscal a largo plazo sin la necesidad de más ajustes dolorosos a corto plazo.

El  mecanismo es sencillo y continúa lo iniciado con la reforma de las pensiones de 2010 y del techo constitucional de gasto público en 2011: una serie de planes creíbles de ajuste a largo plazo, los cuales, en vez de entrar en vigor inmediatamente, lo harían de forma escalonada en el tiempo. En vez de profundizar en el actual ajuste fiscal contractivo, el anuncio de un conjunto de medidas futuras severas y creíbles no tendría efectos negativos sobre la demanda actual, sino todo lo contrario, pues reduciría el coste de financiación del sector público y mejoraría las perspectivas fiscales de los agentes, pudiendo incluso producirse un shock de demanda positivo debido al efecto renta de una rebaja de la senda futura de pagos al sector público.

Además, el análisis y la divulgación de los problemas que acechan en el medio plazo a la sociedad española ayudaría a que los ciudadanos fuesen más conscientes de los mismos e incentivaría la toma de medidas a nivel personal, como un mayor esfuerzo de prevención en el ámbito de la salud y un mayor nivel de ahorro para compensar las más que probables reducciones de las pensiones futuras.

Las medidas a tomar serán, con bastante probabilidad, muy duras. Salvo milagros tecnológicos todavía por aparecer, será necesario establecer techos asistenciales severos en las prestaciones sanitarias (algo que, por otra parte, ya existe, al tenerse en cuenta la edad en las listas de espera para transplantes), desvincular el salario y la antigüedad, perder capacidad adquisitiva a partir de los 60 años, trabajar hasta más allá de los 68 y disfrutar de menores pensiones públicas.

Pero la alternativa a reconocer estos problemas sería el sufrir una presión permanente sobre nuestros costes de financiación y una población peor preparada para afrontar el reto demográfico que presenta nuestra inercia poblacional (moldeada por fenómenos históricos ocurridos durante la primera mitad del S.XX). En última instancia, si la productividad y/o la actividad se disparasen en el medio plazo, siempre se estaría a tiempo de aumentar la generosidad del sistema. Pero el coste de no actuar a tiempo puede ser demasiado elevado y podría estar transmitiéndose ya a nuestras primas de riesgo. ¿Está España preparada para asumir la realidad de su situación a largo plazo?

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