Sean Graber es analista del Gobierno Federal de los Estados Unidos.
El gran problema de la democracia se encuentra en la necesidad de reconciliar los intereses de la nación a largo plazo con la naturaleza míope del ciclo político. En los Estados Unidos, los senadores se presentan a las elecciones cada 6 años, el presidente cada 4 años y los congresistas cada 2 años. Por lo tanto, los políticos están continuamente en campaña y recaudando fondos.
Con sus miradas atrapadas perpetuamente en el presente, mirando hacia las próximas elecciones de reojo, los intereses a corto plazo y la naturaleza efímera de las masas triunfan sobre la responsabilidad y la planificación a largo plazo. Este problema ha empeorado enormemente desde la llegada de Internet, con Twitter, la blogosfera y el «24-hour news cycle» (el ciclo contínuo de 24 horas de la información), . El tiempo entre las elecciones – que antes se medía en años — ahora se mide en nanosegundos. Una palabra equívoca, desde el mismo momento en que sale de la boca, se convierte instantáneamente en noticia. Los expertos hablan, los blogueros «bloguean» y los Twittereros «twittean». Esa es la cultura de hoy.
Esta cultura de hoy ha tenido un efecto profundo sobre los Estados Unidos. Sin duda, su manifestación más preocupante ha sido sobre la deuda pública. A pesar de décadas de presagiar el advenimiento de este problema, el Congreso todavía no ha podido lograr el consenso que permita tomar las medidas necesarias para solucionarlo. Al contrario, el Congreso sigue aumentando la cantidad que gasta en proyectos especiales para sus distritos congresionales y para los intereses especiales. Efectivamente, los congresistas se han convertido en agentes de la búsqueda de rentas para el beneficio de unos pocos a costa de los demás.
La última víctima de la cultura de hoy es la ley de reforma sanitaria que se aprobó el 23 de marzo. Aunque Obama y el Partido Demócrata alegan que la ley defiende los mejores intereses para el país a largo plazo, no podrían estar más lejos de la verdad. La Administración de Obama y los demócratas que votaron a favor de la ley han sucumbido a la cultura de hoy, abandonando cualquier intento de buscar consenso a favor de una solución partidaria que sólo pretende marcar una victoria política.
No hay duda de que la meta de establecer un sistema de salud universal es noble, pero todos los medios para lograr ese fin no son iguales. En pocas palabras, encargarle al gobierno federal la responsabilidad de administrar el sistema sanitario no tiene por qué ser la solución adecuada, pues la ley tiene muchas sombras que deberían haber sido abordadas con más cautela. La ley de reforma sanitaria de Obama aumentará la deuda pública a un ritmo creciente (a pesar de las declaraciones de Obama argumentando lo contrario), limitará las opciones de los pacientes y puede llegar a ahogar la innovación médica.
Así que, mientras que la Administración Obama celebra una victoria legislativa ahora, la crisis sigue acechando. Los 6 problemas más acuciantes de la ley podrían resumirse así:
- Según la Congressional Budget Office (CBO) -Oficina Presupuestaria del Congreso, institución pública que realiza análisis independientes de las medidas que propone el legislativo-, el gasto sanitario aumentará en 210.000 millones de dólares durante los próximos 10 años. La CBO alega que los costes de la salud pública se reducirán en la segunda década del programa, una suposición optimista pero incierta.
- The Heritage Foundation, un think tank conservador, estima que la ley aumentará el déficit público en 76.000 millones de dólares cada año, habiendo contribuido con un total de 755.000 millones de dólares para el final de 2020. La inversión perdida como resultado del aumento del déficit también contribuirá a la destrucción de 690.000 puestos de trabajo. Estas pérdidas serán principalmente en el sector de la salud pública.
- La mitad de los 32 millones de estadounidenses que beneficiarán de la ley lo hará a través de Medicaid, el programa sanitario para personas de renta baja. El gobierno federal pagará esta expansión pero transferirá el coste paulatinamente a los estados. Actualmente, hay muchos estados que tienen que hacer cortes drásticos para mantener su solvencia y esta financiación obligada no respaldada por el estado dificultará el que muchos estados puedan arreglar sus cuentas públicas.
- Las personas que elijan no comprar seguro médico se verán obligados a pagar una multa. Sin embargo, si esta multa no supera el coste de la poliza de seguro, los sanos no tendrán grandes incentivos a comprar la poliza hasta el momento en que caigan enfermos. Como el coste de cuidar a una persona enferma es superior al coste de cuidar a una persona sana, los costes totales aumentarán significativamente cuando estas personas se incorporen al sistema.
- La ley aumentará los impuestos para la clase media a través de los impuestos sobre las polizas «de alto coste», los medicamentos y los aparatos médicos.
- Aunque Obama a asegurado que la ley reducirá las primas de seguro, esta es una afirmación completamente implausible. La prohibición de denegar primas a nuevos enfermos crónicos tendrá un inevitable efecto positivo sobre la prima media. Muchos individuos las verán aumentar, pues la mayoría de ellos serán jovenes y sanos que pasarán a subvencionar a los grupos que más gasto sanitario per cápita generan.
Es difícil saber hasta qué punto estos problemas son resultado de un proceso político estancado, en el que la búsqueda de consenso y soluciones adecuadas sólo acaba encontrando ataques partidistas, o de la urgencia por aprobar cualquier tipo de reforma sanitaria, la primera que fuese posible sacarse adelante. Ninguna de las dos opciones dice mucho a favor del sistema institucional estadounidense.
