La Comisión Europea se plantea prohibir la emisión de CDS sobre deuda soberana

10 marzo 2010

La Unión Europea está planteando la prohibición de uso de ciertos tipos de instrumentos financieros tras las denuncias de la Ministra de Finanzas de Francia, Christine Lagarde, y la canciller alemana Angela Merkel. Concretamente, los seguros frente al impago de deuda, conocidos como CDSs (Credit Default Swap) están en punto de mira tras los acontecimientos de las últimas semanas.

Las mandatarias francesa y alemana han mostrado su preocupación por el “mal uso” de estos derivados financieros, así como su volumen total de negocio y el hecho de que se encuentren prácticamente fuera del control de las autoridades financieras, pues se negocian en su mayor parte en mercados no organizados (OTC, Over the Counter o “sobre el mostrador”). Ello ha llevado a José Manuel Barroso, presidente del Ejecutivo comunitario, a afirmar que “la Comisión examinará de cerca la oportunidad de prohibir las operaciones puramente especulativas sobre los CDS vinculados a la deuda soberana”.

Concretamente, la preocupación ha venido tras el aumento del coste de los CDS que garantizan la deuda griega y el miedo a que la especulación sobre los riesgos de impago de deuda se trasladen a países como España.

Análisis de la noticia

La decisión, de ser tomada, tendría muchas dificultades para ser implementada, pues la Unión Europea no tiene autoridad sobre las instituciones financieras a nivel mundial: los seguros de impago sobre deuda de sus países podrían seguir negociándose en instituciones financieras ajenas a la UE. O, como ha sucedido en otras ocasiones, las instituciones que operan en la comunidad podrían crear nuevos instrumentos análogos que escapasen del intento de regulación.

Más allá de la viabilidad de la medida, ¿es deseable? Una de las ventajas de los instrumentos financieros que permiten “ponerse en corto” (apostar a la baja) sobre un título es que permiten que cualquier agente con información relevante sobre dicho título pueda “dar a conocer” dicha información, posicionándose en el mercado. Veamos un ejemplo.

Supongamos una empresa con pocos accionistas; parte de ellos gestionan la empresa y la conocen al detalle pero el resto saben poco de lo que se cuece realmente en el día a día y en sus balances. Supongamos también que tanto las acciones como la deuda de dicha empresa no pueden ser objeto de ningún tipo de especulación financiera; por ejemplo, nadie puede “vender en corto” o apostar a que las acciones de la empresa van a perder valor. En ese contexto, los únicos agentes capaces de transmitir información pesimista al mercado son los dueños de las acciones o de la deuda, poniéndolas en venta. En el hipotético caso de que no fuese posible la venta sin posesión real ni las apuestas en mercados paralelos, sólo los accionistas podrían hacer que el precio bajase si debe hacerlo por circunstancias reales de la empresa.

Supongamos también que la empresa se encuentra en un estado real pésimo y que los gestores esconden fraudulentamente las pérdidas sobornando a sus auditores. El resto del accionariado no sabe nada. Lo útil tanto para la empresa como para la sociedad en general sería que la verdad aflorase con rapidez. Por un lado, todos los accionistas tienen derecho a conocer la situación real; por otro, es necesario que los posibles compradores de acciones o las entidades financieras que pueden otorgar crédito a la empresa conozcan la realidad para que la asignación de recursos en la economía sea eficiente -el crédito ha de ir hacia las empresas rentables y bien gestionadas, no hacia las fraudulentas-.

En este caso, la gran diferencia entre un mundo sin especulación financiera y otro con ella es que, donde no hay posibilidad de apostar a la baja, sólo los accionistas con información relevante pueden mandar señales al mercado poniendo en venta sus acciones. En cambio, en un mundo con derivados OTC y ventas en corto cualquiera de los millones de agentes de una economía puede enviar dicha señal. Hasta el propio auditor sobornado tedría incentivos para apostar a la baja en un mercado paralelo, añadiendo así información real sobre un título.

En este contexto, la propuesta de la Comisión Europea es comprensible pero socialmente indeseable. Quieren evitar que cualquier agente con información negativa sobre los estados de las cuentas públicas envíe dicha información al mercado, creando opacidad sobre la situación real para poder colocar deuda en mejores condiciones. Pero aunque puedan pensar que congelando los CDS y el repunte de sus precios abaratarán el precio de emitir deuda, ello no es así. La propia emisión en origen de las deudas soberanas se producirá a un precio que descontará tanto el riesgo estimado como la imposibilidad de traspasarlo para una gestión más eficiente del mismo.

Abel Fernández.

Artículo escrito por Abel Fernández

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