La lucha contra la crisis ha pasado a una segunda fase, por cierto, con retraso. Tras el debate sobre la economía española celebrado el pasado diciembre, en el que el Presidente anunció un paquete de reformas, ha llegado el momento de la concreción. Las primeras medidas anunciadas adelantan una fuerte restricción del gasto durante este ejercicio y un programa de austeridad para el periodo 2010 – 2013. Además, el Ejecutivo ha planteado una profunda reforma del sistema de pensiones, dirigida a salvaguardar su sostenibilidad a medio plazo, reduciendo las obligaciones de pago que recaen sobre el Estado. Ambas reformas están generando algunas zozobras y, por ello, es necesario adentrarse en los efectos últimos de las mismas.
Durante la primera fase en la lucha contra la crisis financiera, el Ejecutivo lanzó un expansivo paquete de gasto a través del Plan E y del alargamiento de las prestaciones por desempleo. Estas políticas discrecionales, junto a la contracción de los ingresos tributarios derivada de la caída de la economía y de la extraordinaria capacidad del mercado laboral español para destruir empleo, (debido al marco institucional) han llevado las cuentas públicas a un déficit fiscal superior al 11 por ciento del PIB. De este modo, la deuda pública ha saltado en sólo un año más de quince puntos, hasta el 55 por ciento del PIB, lo que supone una carga adicional a modo de intereses para los presupuestos próximos. En la misma línea, las previsiones para el año en curso no son muy halagüeñas. Las más optimistas adelantan una contracción del PIB del 0,3 por ciento, una tasa de paro del 19 por ciento de la población activa y un déficit adicional por encima del 10 por ciento, lo que supondría una deuda pública cercana al 70 por ciento del PIB.
Con este escenario, el gobierno afronta una segunda fase en el tratamiento de la crisis, que debería haber iniciado ya el pasado verano. En ella resulta necesario abordar los “daños colaterales” producidos por los déficit públicos de la fase inicial e impulsar reformas que eleven la capacidad de crecimiento. Así pues, debemos arreglar los daños producidos por el agua de las mangueras usadas para apagar el incendio y además reconstruir los muros de carga de nuestra economía. Para ello, el gobierno ha decidido empezar visibilizando una estrategia creíble de reducción del déficit y se esperan nuevos anuncios sobre reformas en los próximos días.
Volviendo al plan de austeridad y a la reforma del sistema de pensiones, sólo hay una cosa clara: a mayor déficit y deuda, menos política social. En estos días, la deuda soberana del Estado español ha estado cotizando con un diferencial respecto al bono alemán cercano a los 100 puntos básicos. Los intereses que deberá ofrecer nuestro país en las próximas emisiones de deuda (que servirán para pagar los déficits actuales) estarán comprometiendo nuestros presupuestos durante los próximos años, reduciendo la capacidad fiscal del Estado para sufragar el desarrollo de la ley de dependencia, los servicios sanitarios, el propio subsidio de desempleo y, por supuesto, el sistema de pensiones.
El gobierno debe evaluar en cada ejercicio los recursos destinados al servicio de la deuda y aquellos dirigidos a gasto público. En los peores momentos de la crisis fue necesario sostener la demanda vía presupuestos, pero hace meses que toca evaluar el peso de los intereses en las cuentas públicas y revisar el margen de gasto que nos permita tomar decisiones para los próximos años. Cada euro de déficit hoy deberá ser abonado con su carga de intereses mañana.
En todo caso, alguien podría estar tentado en disparar aún más el déficit, aún a sabiendas del coste social a medio plazo. Sin embargo, esta estrategia sería doblemente errónea. En primer lugar, porque menosprecia el potencial destructivo del servicio de la deuda. Pero, especialmente, porque en este momento del ciclo más gasto público no garantiza ni un punto del PIB adicional ni empleo sostenible. Sólo las reformas pueden liberar de nuevo nuestro potencial de crecimiento: mantener unos déficits de dos cifras hoy no sólo no contribuiría al crecimiento, sino que comprometería además las políticas sociales de mañana.
Jonás Fernández Álvarez, director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & asociados y profesor asociado de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid.
