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El misterio de las subastas inexistentes en las licencias de comunicación


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El misterio de las subastas inexistentes en...
En España surgen habitualmente polémicas periódicas sobre las concesiones para la emisión de televisión o radio. Estas polémicas suelen desatarlas indistintamente todos los grupos de comunicación, según la suerte que hayan corrido en el último concurso, sin que en ningún caso pongan en duda el procedimiento mismo de concesión, sólo sus resultados. Un ejemplo como otro cualquiera podría ser la concesión de canales para emitir en TDT realizada recientemente en la Comunidad Autónoma de Madrid tras la anulación de la anterior resolución por defectos formales; algunas cadenas han denunciado que la concesión arece haber otorgado las licencias a medios de comunicación cercanos a la derecha política y a canales de teletienda, antes que a medios de comunicación importantes pero con línea editorial de izquierdas. Otros casos, pero a la inversa, se pueden observar en otras regiones.

telecom Los criterios del concurso para otorgar las licencias fueron, entre otros, la pluralidad de la oferta informativa, la viabilidad económica de los proyectos, la creación de empleo, la calidad y pluralidad de los contenidos de la programación o la contribución al desarrollo tecnológico de la Comunidad. Según los grupos de comunicación que no obtuvieron concesiones, la puntuación de los mismos se manipuló para que los grupos no afines al gobierno regional quedaran fuera. Por su información, parece que su crítica es razonable.

Es sorprendente que la Comunidad de Madrid (en este caso), con una Administración autonómica que constantemente se considera el paradigma del liberalismo económico utilice los anteriores criterios para determinar quien realiza determinadas actividades económicas, cuando existe un modelo de asignación claramente más coherente con esa máxima, como se verá posteriormente. En todo caso, y esto se aplica a todas las administraciones públicas, es dudoso que los funcionarios tengan capacidades superiores a la de los empresarios o el público para determinar los criterios anteriores. Además, no resulta creíble que, transcurridos unos años, a una de las empresas ganadoras se le anulara la licencia por un descenso en la calidad de sus contenidos o portener un empleado menos que lo que estableció en su plan de empresa. Dado que eso no es creíble, parece un ejercicio de cinismo su establecimiento como criterio de concesión. Dentro de estos criterios hay algo que especialmente me preocupa: la “pluralidad de la oferta informativa”. Que cualquier poder ejecutivo, legislativo o judicial pueda determinar la “pluralidad informativa” me parece aberrante para el derecho a la libre expresión y peligroso, dada la historia de España. Imagínense ustedes que un medio de comunicación cambiara su línea editorial respecto a aquella por la que ganó el concurso, ¿verían ustedes razonable que en base al mismo se le anulará la licencia?. En teoría, el gobierno debería hacerlo: rectificar dejaría de ser un asunto de sabios para convertirse en un deporte de alto riesgo. Dado que es una actividad comercial privada, y lo que hemos aprendido desde Adam Smith hasta hoy, lo ideal es que existiera un libre mercado en la emisión. Problemas técnicos debido a lo limitado del espacio radioeléctrico hacen imposible lo anterior, aunque a medida que avance Internet puede que pase a ser viable. Esta limitación técnica impide la solución que habitualmente debería funcionar. Ante eso, las administraciones se encuentran con el problema de asignar un número de espacios de emisión entre un número mayor de empresas privadas que quieren emitir en los mismos. Para resolver este problema con un máximo de eficiencia económica, limpieza y claridad en los criterios y el máximo beneficio para las haciendas públicas existe un procedimiento sencillo y claro conocido como la subasta. Como ejemplo podemos tomar las licencias para la telefonía 3G que se realizaron en varios países de Europa, no en la España gobernada por D. José María Aznar, en el cambio de siglo. Aunque la subasta pueda ser el procedimiento con mayores ventajas, los gobiernos intentan buscar una parrilla televisiva que sea del máximo agrado de sus ciudadanos. Cuando la programación de un canal es de tu agrado, entonces sueles verla mucho. Cuando la gente ve mucho un canal, ve mucho sus anuncios o está dispuesta a utilizar el pay per view, lo que aumenta sus ingresos. Cuanto mayores los posibles ingresos, más dispuestas están las televisiones a pagar por una licencia. Como resultado final de esta subasta hipotética se obtendría que las ganadoras serían las que tienen más interés para el público y por tanto las más vistas. Los criterios de concesión serían sencillos e indiscutibles. Por último, la hacienda pública obtendría ingresos por el uso de un bien público como el espacio radioeléctrico y las empresas concesionarias obtendrían unos beneficios esperados derivados únicamente de su eficiencia, ya que el precio sería fijado por la empresa marginal en dicha subasta. Otros objetivos se pueden conseguir igualmente con este proceso de subasta, aunque estos puedan ser subjetivos. Así, por ejemplo, si la Comunidad Autónoma quiere que se emitan al menos 4 horas de programación diaria sobre la región puede estipularlo como una cláusula que, de incumplirse, suponga penalizaciones económicas o incluso la pérdida de la licencia. Desde luego, estos criterios deben ser claramente interpretables y aplicables y nunca ser tan vagos como los enunciados para la Comunidad de Madrid. Otra posible crítica al modelo de subasta es que eliminaría la pluralidad informativa o la concentraría en aquellas personas con medios económicos. Esta crítica pierde de vista que los medios de comunicación son un negocio. A pesar de lo que mucha gente piensa, son los ciudadanos los que acuden a los medios de comunicación más afines a sus ideas, en vez de ser los medios de comunicación quienes forjan estas últimas. En ese sentido el empresario va a situar la línea editorial de su emisora en el punto del espectro político que le permita obtener más beneficios. Si sólo se pudieran conceder dos licencias, el resultado previsible sería el del duopolio de Hotelling, en que los heladeros se sitúan en el centro de la playa, lo que en nuestro caso equivaldría al votante mediano, anulando toda pluralidad. Sin embargo cabe recordar que para el modelo de Hotelling con tres o más competidores no existen resultados de equilibrio o no se concentran únicamente en el punto medio. En ese sentido, estas subastas permitirían conseguir de manera continuada la citada pluralidad informativa. ¿Por qué no se ha implantado hasta ahora el sistema de subastas? Parece un sistema claro, limpio y libre de críticas; entonces ¿por qué no se implanta?. Existen varias explicaciones, complementarias y redundantes entre sí. En primer lugar, en España hay poca tradición de liberalismo económico, especialmente después de una dictadura que hizo de la coordinación entre gestores públicos, empresarios y organizaciones sindicales un arte del que todavía tratamos de librarnos; véase si no el triste recorrido de la Directiva de Servicios. En ese sentido, existe poca presión ciudadana para buscar sistemas de regulación económica que confíen más en la competencia que en el derecho administrativo. En segundo lugar, los políticos y funcionarios que otorgan estas concesiones valoran extraordinariamente este poder. Ante todo, se es importe durante unos meses con las alabanzas de mucha gente y una sensación de autoafirmación, frente a un sistema de subasta en que la gente gana su licencia sin deberle nada a nadie. En segundo lugar, este sistema permite moldear los medios de comunicación de una región de una manera que se piensa puede servir para sus propios objetivos electorales. En tercer lugar, los ingresos que se pierden por no usar subastas irían a las Consejerías de Hacienda, no beneficiando por tanto a los políticos y funcionarios que ahora las llevan a cabo. En tercer lugar, tampoco le interesa al sector empresarial de medios de comunicación. El actual reparto del poder territorial en España hace que estos siempre tengan un “nicho de mercado” en comunidades afines donde obtienen accesos a ingresos sin ningún coste de puja. En comunidades intermedias también hacen pujas pero no con dinero, si no con presión mediática, la cual le sale gratis dado que es precisamente su negocio. En ese sentido, un cambio a un sistema generalizado de subastas les perjudicaría porque supondría que se transferiría dinero propio a los ciudadanos y aunque les dejara beneficios estos vendrían sólo de su eficiencia como competidores en un mercado libre y no como personas con acceso a poderes políticos. Un ejemplo de esto último lo podemos ver en los años en que se produjo la concesión de las licencias 3G en España y otros países europeos. Un grupo de comunicación, muy crítico con el gobierno de D. José María Aznar, censuró muy correctamente la oportunidad perdida para obtener ingresos por parte de la Hacienda pública española. Acusaban al gobierno de haberlo hecho con el objetivo de beneficiar a una serie de empresas de comunicación entre las cuales había una presidida por el compañero de pupitre del Presidente del Gobierno que sin embargo sí que pujo por una licencia británica. Ante esta situación, el Gobierno lanzó el globo sonda que le parecía una gran idea y que la aplicaría en la asignación de licencias para la emisión de medios de comunicación. El grupo de comunicación olvidó diligentemente el tema. La regulación nacional y autonómica del sector de los medios de comunicación que usan el espacio radioeléctrico es simplemente otro ejemplo de los problemas habituales que se presentan en la economía española. Mi deseo es que, aprovechando el impulso reformador reciente del Gobierno, empecemos a ver cambiar estas y otras muchas cortapisas al desarrollo eficiente de la economía. Tomás de Mercado
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