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El gobierno impulsará la construcción de VPO para salir de la crisis


Abel Fernández
El gobierno impulsará la construcción de VPO...

Entre las medidas contenidas en el nuevo borrador del “Acuerdo Político para la Recuperación del Crecimiento Económico y la Creación de Empleo” destaca el renovado impulso que se pretende dar al sector de la construcción. El borrador contempla tanto la ampliación de los créditos del ICO para la construcción de Viviendas de Protección Oficial destinadas a la venta como incentivos fiscales a la rehabilitación de viviendas. El ejecutivo sostiene que “se trata de acciones centradas en la construcción sostenible”.

Las ayudas se concretarían en una reducción del tipo del IVA al 8% para la rehabilitación de vivienda durante dos años a partir del 1 de julio. Dicha medida sería complementada por una deducción extraordinaria del IRPF del 10% para obras de mejora relacionadas con la eficiencia energética, las instalaciones de suministros o la accesibilidad para personas con movilidad reducida. En cuanto a la nueva financiación del ICO, las empresas tendrán acceso a créditos directos con un importe máximo de 200.000 euros y cobertura de riesgo del 100%, linea a través de la cual “se conseguirá que toda pequeña empresa cuente con financiación”, según se afirma desde el Gobierno.

Análisis de las medidas

Dentro del conjunto de medidas presentadas, las destinadas al incentivo a la construcción son las más dudosas en cuanto a su idoneidad. El tamaño del sector de la construcción en España llegó a alcanzar un tamaño muy superior a lo que necesita una economía de sus características, lo cual ha llevado a que más de un millón de viviendas no encuentren comprador en nuestro país. Por ello, la reducción del tamaño del sector es inevitable. El nuevo empleo creado por las medidas anunciadas no puede ser sostenible, sino sólo transitorio, pues no se volverá al nivel de actividad que existía en la construcción antes de la crisis.

Estas medidas lanzan, además, señales equívocas a los trabajadores del sector, haciéndoles pensar que existe un futuro estable en la construcción y desincentivando la formación en otras capacidades y la movilidad hacia otros sectores. La subvención del sector de la construcción lastra el cambio de modelo productivo, dificultad que se añade a la rigidez del sistema laboral.

El propio incentivo a las VPO plantea problemas de equidad y eficiencia. Un colectivo de economistas de Fedea criticó hace meses el sistema español de ayuda a la vivienda proponiendo la eliminación de las VPO y proponiendo en cambio ayudas e incentivos al alquiler de vivienda en el mercado libre. Esta medida busca una salida al parque de viviendas sin vender, que ya supera el millón, en vez de hacer crecer la oferta de viviendas en el mercado.

El que la ayuda se condicione a que la VPO sea con destino a venta y no al alquiler plantea un problema de equidad dinámica. Como muestra el caso de la diputada autonómica del PNV Garbiñe Sáez, la adjudicación de una vivienda VPO no tiene en cuenta la evolución de la renta de una persona ni sus futuras capacidades o necesidades vitales. En este sentido, el alquiler protegido sería una mejor solución, pues evitaría que personas cuya capacidad adquisitiva ha crecido significativamente se sigan beneficiando de un privilegio que otras personas pueden necesitar en mayor medida años más tarde.

Por otra parte, la concesión de viviendas protegidas en propiedad lleva consigo cláusulas que impiden su venta posterior. Ello plantea un problema adicional al desincentivar la movilidad, otro de los factores clave para el cambio de modelo productivo: muchos trabajadores habrán de desplazarse geográficamente si España quiere reducir su tasa de desempleo.

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