El Presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, comparece en estos momentos en el congreso de los diputados tras su promesa de anunciar medidas adicionales para la consolidación de la estructura fiscal del Estado a largo plazo. «El Gobierno tiene intención de acelerar el plan de reducción del déficit», declaraba al comenzar la comparecencia. A las 9.25h de la mañana, Zapatero soltaba la bomba: «Se reduce la retribución del sector público un 5%», lo cual se hará efectivo este mismo año. Se reduce también un 15% el sueldo de los miembros del Gobierno. Además, se congela la subida de sueldos de los funcionarios para 2011.
Asimismo, se suspende la revalorización de pensiones en 2011, excluyendo las no contributivas y las mínimas, y se elimina el cheque-bebé. Por otra parte, se elimina la retroactividad en el cobro de la prestación por dependencia, aunque el gobierno se compromete a una resolución rápida de las solicitudes. Los derechos de retroactividad que ya se hayan generado podrán pagarse en un máximo de cinco años.
Se ha anunciado también una reducción de 6.045 millones de euros en la inversión pública estatal, así como de 600 millones de euros entre 2010 y 2011 en ayuda al desarrollo. Se anuncia también un plan de ahorro adicional de 1.200 millones en las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Análisis de las medidas
La reducción de los sueldos del sector público era, en cierto modo, una medida esperada tarde o temprano. Mientras Irlanda se adelantó varios meses, todo indica que los países a los que va dirigido el plan de salvamento del Euro habrán de ir plegándose a unas condiciones similares a las impuestas a Grecia. La UE ha comprado tiempo para que los países con peor situación fiscal estructural tomen las medidas adecuadas sin tener que financiarse con diferenciales de deuda inasumibles.
La supresión de la retroactividad en los cobros de la ley de dependencia supone un fuerte recorte en dicha partida de gasto, que sufragan el Estado en conjunto con las comunidades autónomas, dado el largo proceso que atraviesa cada nuevo demandante hasta su aprobación y cobro.
¿Qué criterios se han seguido para la elección de los recortes?
Diversos analistas indican que se ha esperado tanto en actuar que las medidas tomadas no han sido opcionales, sino obligatorias. Se recorta aquello que representa el volumen mayor de gasto público, para que el compromiso sea creíble. Cualquier otro recorte (impuestos a los banqueros, bonuses y demás) habrían sido cuantitativamente irrelevantes y no habrían sido ni suficientes ni creíbles, no ya para calmar a los mercados, sino a los países que el domingo nos facilitaron un escudo de 750.000 millones de euros. Por otra, la llamada de Obama a la responsabilidad fiscal es inaudita obedece a un fuerte nerviosismo extremo en las esferas políticas internacionales respecto a la solvencia de los países de Europa del sur.
El recorte se justifica, por tanto, desde la necesidad. Para hacer una justificación desde el rigor, basta pensar que los funcionarios disfrutan de una prima por su “estabilidad laboral”, que tiene un valor monetario muy superior cuando el paro está en el 20% en vez de al 8%. Aunque sólo sea por eso, es necesario que asuman parte del coste del ajuste, que hasta ahora ha recaído casi exclusivamente en los 2 millones de nuevos parados.
Las consecuencias negativas del recorte de salarios en el sector público son evidentes y van en contra de los vientos de reforma del sector financiero: el sector público es desde hoy menos atractivo para el capital humano bien formado, y la regulación financiera del futuro pasa por la capacidad de atraer a los organismos regulatorios mentes brillantes que puedan comprender las implicaciones y posibles peligros de cada nuevo desarrollo del sector financiero.
