La actual legislación sobre protección de la propiedad intelectual crea un equilibrio entre dos fenómenos, (i) los incentivos a la creación intelectual y (ii) los beneficios sociales derivados de su disfrute. Según la teoría económica tradicional, cuanto mayor el nivel de protección de la propiedad intelectual en un sector, mayor incentivo a la producción: asegurando la protección de una patente durante 50 años se incentiva más que asegurándola durante 5. Pero, dado el carácter no rival en el consumo de la producción intelectual, una menor protección -que se traduce en un menor precio- conlleva un beneficio social mayor: el precio de muchos medicamentos está muy por encima de su coste de producción, lo que excluye a parte de la humanidad de su consumo.
Las sociedades han elegido el nivel de protección que consideran óptimo teniendo en cuenta que al incentivar la creación limitan el beneficio social. Pero esta relación de compensación (trade-off) no es inamovible ni monótona ante cambios en otros factores. El crecimiento económico per cápita ha sido intenso en todo el mundo durante estos últimos 15 años (África inclusive), por lo que el tamaño de mercado, la capacidad adquisitiva agregada, ha crecido.