Es difícil saber dónde empezar a analizar una batería de medidas fiscales tan amplia como la anunciada el pasado viernes por el Gobierno entrante. El resumen podría ser que quizás no había otra alternativa ante la inoperancia fiscal de las comunidades autónomas, las cuales, aun teniendo autoridad fiscal para modificar el IRPF, parecían preferir naufragar presupuestariamente antes que tocar ningún tramo.

Leímos esta noticia la semana pasada. Después de los excesos de deuda viene la resaca de embargos. Si bien en EEUU existe la posibilidad de que el hipotecado salde su deuda con el banco devolviendo las llaves de la casa, hasta hoy, en España, un banco tiene derecho a subastar la casa que posee en hipoteca y seguir exigiendo la deuda al individuo si no recupera todo.

El pasado 8 de julio, el prestigioso semanario británico The Economist publicaba un artículo en el que se indicaba que el nivel de precios agregados en el sector inmobiliario residencial en España está sobrevalorado en más de un 50%.

¿En qué se basa para afirmar esto? En los resultados de un estudio comparativo a nivel mundial cuya metodología consiste en comparar las rentabilidades de estos inmuebles a través de su alquiler, llegando a la conclusión que algunos países están por encima de esa media y otros por debajo.

Imagina que las variaciones anuales de precios de todos los bienes que consumimos estuviesen atadas, por contrato, a la evolución del IPC. En este caso extremo, sencillamente no habría inflación “aparente”, el IPC sería un indicador inútil. Lo cual quiere decir que los inevitables ajustes económicos sucederían por otras vías: cantidades o calidades.

Demos un paso atrás hacia un ejemplo menos extremo y consideremos que un bien (en nuestro caso, el contrato de alquiler) está anclado al IPC mientras el resto fluctúa con libertad.