Subida del 50% en las tasas universitarias: un primer análisis

19 abril 2012

El Ministro de Educación, José Ignacio Wert, acaba de plantear una subida de la matrícula universitaria del 50%. Las consecuencias de la implantación de dicha medida serían dos:

  1. Una mayor recaudación
  2. Un menor número de estudiantes

Respecto a la mayor recaudación, en el propio artículo de El País se advierte que la matrícula de los estudiantes universitarios solo sufraga alrededor del 15% del coste total de los estudios (incluyendo aquí el coste de las actividades de investigación). Si en total existen entre 1.200.000 y 1.400.000 estudiantes universitarios en España y la matrícula media ronda los 1.000 euros, una subida del 50% recaudará entre 600 y 700 millones anuales (ello sin tener en cuenta las bajas que se producirán en las matrículas). Como medida de referencia, el coste de oportunidad anual del AVE a Galicia (considerando un coste total de 20.000 millones y un coste de oportunidad financiero del 4%) es superior a dicha recaudación.

Respecto al menor número de estudiantes, quizás la respuesta de las matrículas a esta subida de tasas no sea muy grande. Al fin y al cabo, el principal coste de estudiar no es la matrícula, sino el tiempo invertido en los estudios, que podría dedicarse a trabajar. Una primera búsqueda en Google Scholar nos muestra un trabajo que muestra como una subida de 1.000 dólares canadienses (unos 770 euros) tiene un efecto de una reducción de entre el 2,5% y el 5% de estudiantes, lo cual parece una cifra razonable.

Ahora bien, ¿cuál es el objetivo real de la reforma propuesta? La posible recaudación no será cuantiosa, aunque ninguna cantidad parece despreciable hoy en día. Y, per se, la reducción del número de universitarios no parece un buen plan de futuro para un país desarrollado. Aún así, existen argumentos teóricos que sí avalan la subida de tasas universitarias.

El argumento más sencillo es que, en su conjunto, la combinación de impuestos y tasas públicas ha de regirse por el principio de capacidad de pago. Y, además de que los hijos de las familias de renta alta son quienes llegan en mayor medida a la Universidad, también es verdad que quien va a la Universidad se beneficiará a lo largo de su vida de una prima salarial que, si bien ha caído durante los últimos años, se encuentra todavía en el 40% respecto a un estudiante con secundaria o bachiller.

Además, unas mayores tasas afectarán en mayor medida a los malos estudiantes, incentivándoles a acabar sus estudios de una vez por todas o a abandonar el sistema. El problema a corto plazo es que, incluso con una mayor racionalización del gasto, es muy difícil que el sistema universitario español reduzca en estos momentos su tamaño, puesto que gran parte del personal es funcionario.

Los problemas de equidad… desde el punto de vista de la eficiencia

Llegado este momento, todo lector con un mínimo de sensibilidad social estará pensando en los problemas de equidad que la medida plantea. Y sí, es bastante probable que entre el 2,5% / 5% de estudiantes que abandonarían (o dejarían de acceder) la Universidad se encontrasen principalmente aquellos con menores rentas, con el consiguiente perjuicio para la igualdad de oportunidades.

En este sentido, es reprochable el habitual olvido de las neutralidad de las reformas. Si una medida persigue un mayor ahorro o eficiencia, ¿por qué ha de afectar a la equidad del sistema si existen mecanismos conocidos para conseguir el mismo efecto? Por ejemplo, si se quiere reducir la subvención implícita que suponen las segundas (y terceras, y cuartas…) matrículas, ¿por qué no se aumentan en mayor medida dichas matrículas sin alterar la primera? De esta forma, solo quien no estudiase asumiría el sobrecoste, y los problemas de equidad pasarían a un segundo plano. Otro ejemplo; si el objetivo es reducir el tamaño del sistema universitario español, ¿por qué ha de reducirse entre las clases más bajas? Se podría conseguir lo mismo aumentando aún más el coste de la matrícula… pero complementando esta subida con un programa mucho más ambicioso de becas para las rentas bajas.

El respeto a la equidad del sistema y a la igualdad de oportunidades no emanan, ojo, de la sensibilidad social de quien esto escribe. Mis valores son míos e intransferibles, y la ciencia económica no necesita apelar a una preferencia personal para defender la igualdad de oportunidades, sino que basta con apelar a la eficiencia asignativa.

Las sociedades necesitan talentos de lo más variopinto: ciudadanos con obsesión por el orden y el rigor, con creatividad artística, otros con la temeridad necesaria para emprender, con capacidades analíticas abstractas… pero esos talentos no suelen ser observables desde la niñez, y necesitan oportunidades para desarrollarse. En cada remesa de estudiantes que comienzan unos estudios, muchos se desilusionan al no encontrar lo que esperaban, pero un pequeño grupo descubre dentro de sí una pasión que desconocían (de hecho, parece difícil tener a los 18 años pasión por la econometría bayesiana cuando no se sabe ni en qué consiste). Y si, por ejemplo, un 10% de estudiantes descubre su pasión tras comenzar sus estudios, seguro que ese 10% incluirá a estudiantes de todos los estratos de renta.

Esa debería ser la clave de las reformas. Si el gobierno pretende racionalizar la Universidad pública e incentivar a los peores estudiantes a que estudien o abandonen, bienvenido sea. Pero la igualdad de oportunidades, más allá de un objetivo social, es absolutamente necesaria si queremos contar, en los próximos años, con los mejores ingenieros, diseñadores o médicos. Es decir, priorizar la eficiencia asignativa sobre los recortes indiscriminados. Los mejores talentos son quienes crearán los nuevos servicios del futuro… ¡y quienes pagarán nuestras pensiones! Si el sistema ha de reducirse, debería asegurar que los jóvenes que terminen sus estudios sean aquellos con mayores capacidades, en vez de simplemente aquellos con mayor renta.

ACTUALIZACIÓN: El Gobierno aclara la propuesta y añade que las penalizaciones para segunda y posteriores matrículas irán subiendo con cada matrícula hasta alcanzar el 100% del coste de los estudios. Esto va, en parte, en la linea de lo propuesto en nuestro artículo, pero sigue sin abordar el problema de la equidad. Como avanza el siguiente artículo de El País:

«La secretaria de Estado de Universidades aseguró que mantendrán las becas “al mismo nivel que hasta ahora”. Cataluña propuso ayer que el 25% de lo que se recaude con estas nuevas tarifas se destine a sufragar más becas, algo que Educación no ha incluido en el texto legal.»

Para que la medida sea neutral en equidad, una subida de tasas debería compensarse con un aumento en la dotación de las becas, no tanto para sus receptores (que ya gozan en su mayoría de exención de tasas, por lo que la subida no les afecta), sino para aquellos individuos que se han quedado fuera de programa por muy poco, elevando por ejemplo los umbrales de requisitos de renta para su acceso.

Artículo escrito por Abel Fernández

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