El Gobierno acaba de anunciar una nueva oleada de medidas de ajuste para reducir los déficit de 2012 y 2013. En este artículo analizamos una a una las medidas más importantes, que se resumen en cinco puntos. Nuestra evaluación global es que este paquete era inevitable, ya que el Sector Público español ha de cubrir un agujero enorme en sus cuentas, pues gasta anualmente un 24% más de lo que ingresa. Parte de la antigua recaudación no va a volver, puesto que gravaba rentas que no provenían del PIB, sino de la burbuja de vivienda y consumo. Por lo tanto, a la subida de la imposición indirecta se le añaden fuertes recortes de gasto.

Todo parece indicar que el coste de la recapitalización bancaria la asumirá Europa e incluso los bonistas de las entidades, por lo que la posible injusticia de un recorte a los ciudadanos para recapitalizar la banca ha desaparecido. Se realiza un ajuste fiscal para poder sostener la nueva senda de nuestro sector público. No obstante, de las 5 principales medidas analizadas, nuestra evaluación es neutra o negativa en 3 de las mismas. De haberse acometido las medidas principales hace tiempo, quizás no habría sido necesario llegar tan lejos en partidas más sensibles como la prestación por desempleo.

1. Subida del IVA del 18% al 21% para el tipo general y del 8% al 10% del tipo reducido

La subida de la imposición al consumo a partir de este mismo viernes es la estrella de las medidas. Parte de su justificación es la puesta en marcha de una devaluación fiscal, en la que las cotizaciones a la Seguridad Social descenderán dos puntos a lo largo de dos años, medida muy positiva que ya hemos explicado en detalle.

Pero el motivo real es la necesidad desesperada de cubrir el gigantesco déficit que se adivina para 2012. Y, aunque la preocupación por la equidad condiciona todos nuestros análisis, una fantástica entrada de Roger Senserrich en Politikon muestra que la estructura impositiva no determina el grado de redistribución de una sociedad, sino cómo se gasta dicho dinero. La reducción de la desigualdad a través de los impuestos es mínima y, lo más importante, independiente de la estructura fiscal. En cambio, lo que sí que determina enormemente la reducción de la desigualdad en uno u otro país es cómo se gasta el presupuesto público.

Por ejemplo, si recaudamos para pagar un ejército grande, para introducir desgravaciones por vivienda que benefician a las rentas mayores y para construir AVEs que utilizarán también las rentas altas, no estamos realizando ninguna distribución. Si la recaudación se gasta, en cambio, en ayudas sociales o becas al estudio para las rentas bajas, sí se reducirán las desigualdades. El siguiente gráfico (tomado prestado de Politikon) lo resume muy bien. Tras la acción de los impuestos, la desigualdad se reduce (en términos de Gini) en algo menos de 5 puntos porcentuales, como muestran los puntos blancos. Esta reducción es, además, muy similar para todos los países, a pesar de sus distintas estructuras fiscales. En cambio, al observar el papel de las transferencias (es decir, cómo gastamos dicho dinero), emergen unas diferencias enormes: los países más igualitaristas (Finlandia, Suecia, Alemania y Dinamarca) reducen su desigualdad en 15 puntos, mientras los menos igualitaristas (Estados Unidos o Canadá) la reducen en menos de 7 puntos.

El IVA es un impuesto muy eficiente que permite recaudar grandes cantidades -en el citado artículo se muestra cómo los países con mayores estados del bienestar son los que más recaudan por impuestos al consumo-. La preocupación por la redistribución ha de llevarse al ámbito del gasto: menos AVEs y radiales, más becas y ayudas fiscales a las rentas bajas.

2. Eliminación de la paga extra a los funcionarios.

¿Es justo seguir recortando el poder adquisitivo de los funcionarios? Probablemente no, pero la necesidad manda. Un 28% del gasto de nuestro sector público son sueldos de empleados públicos. Solo las transferencias (compuestas principalmente por pensiones y prestaciones de desempleo) superan en importancia, con el 38% del gasto, a la remuneración de asalariados públicos. Las prestaciones de desempleo también se tocan con esta reforma, pero si se quiere recortar sin bajar las pensiones, esta es la partida más importante. El Gobierno ha calculado un ahorro de 4.000 millones con esta medida. De ser cierto, supondría un 3,3% de ahorro en la factura salarial, bastante lejos de los rumores que situaban el recorte en el 15% del salario. En resumen: «¡Manda uebos!«.

No obstante, y además de la posible injusticia, esto agudiza el problema de selección de futuros servidores públicos. Conforme se recorta el sueldo de los funcionarios, disminuye la probabilidad de que los mejores talentos quieran trabajar en el sector público. Como muestra, un botón: una de las primeras plazas estables del profesorado doctor universitario, la figura del «ayudante doctor», se remunera en la actualidad con menos de 1.200 euros netos mensuales. No estamos hablando de una beca, se trata de una plaza estable para doctores con plena dedicación docente e investigadora. ¿Realmente pretendemos convertir así nuestras universidades en centros punteros?

3. Prestación de servicios municipales por parte de las diputaciones provinciales

Esta es, independientemente de la ideología con que se analicen las medidas, el punto más oscuro de las mismas. Nuestra estructura municipal es claramente ineficiente, aunque esta ineficiencia varía entre comunidades autónomas. El exceso de concejales y cargos en las administraciones locales es evidente, y la reciente iniciativa ciudadana de Torrelodones es una esperanzadora luz en el camino. Además, la fusión de municipios y la creación de mancomunidades para la provisión de servicios lleva años encima de la mesa de posibles reformas. Pero la decisión de encomendar servicios municipales a las diputaciones provinciales va contra otra reforma pendiente: la desaparición de las propias diputaciones.

Uno de los resultados más sólidos y compartidos de la teoría económica moderna es la necesidad de prevalencia de reglas claras frente a discreción política. Nuestro sistema de pensiones funciona razonablemente bien porque se basa en un conjunto de reglas claras e iguales para todos, tanto a la hora de recaudar como de transferir. El sistema es ciego ante la casuística, pero no genera clientelismo ni oportunidades de corrupción. En cambio, cuando la discreción política tiene un papel en problemas como la jubilación, comienzan a aparecer casos como los EREs de Andalucía.

Las diputaciones provinciales son el máximo exponente de discrecionalidad política y falta de transparencia en la gestión. Son una reliquia de una organización territorial anacrónica que debería haber desaparecido con la consolidación de las Comunidades Autónomas (de hecho, las comunidades uniprovinciales ni siquiera tienen diputación).

4. Reducción de las prestaciones por desempleo a partir del séptimo mes

Esta medida es ciertamente difícil de evaluar. Para empezar, es imposible no ponerse de lado de quien se encuentra en este momento desempleado. Por otra parte, la evidencia empírica es clara en momentos de bonanza, pero no en momentos de crisis. En una situación de crecimiento estable, reducir el tiempo máximo de prestación hace que los desempleados encuentren antes trabajo (ver aquí un estudio para el caso español; los gráficos de las páginas 40 y 41 lo resumen). No obstante, en una recesión esto no está tan claro, ya que el desempleo no se debe a cuestiones personales, sino cíclicas. Si pasados los 6 meses la probabilidad de encontrar un empleo no aumenta, la medida habrá sido injusta y desastrosa, habiendo reducido capacidad adquisitiva a quien más lo necesita. Puesto que la evidencia al respecto no es concluyente, habría sido mejor aparcar dicha reforma hasta que esta nueva recesión tocase a su fin.

5. Supresión (no retroactiva) de la deducción por vivienda

Sobre este tema ya hemos escrito largo y tendido (aquí criticamos la reintroducción y aquí explicamos los argumentos fiscales para un mayor gravamen sobre la vivienda). Es una medida necesaria por progresiva y eficiente, aunque podría haberse aplicado con retroactividad para ahorrar casi 5.000 millones anuales adicionales. El regalo que se ha hecho a los compradores de vivienda durante 2011 y 2012 es incomprensible.

Conclusión

La necesidad manda y, una vez que parece claro que la recapitalización bancaria la asumirá la Unión Europea, España ha de comprometerse a cerrar su agujero presupuestario, que en la actualidad ronda los 90.000 millones. Si España no entra en una senda de déficit sostenible, tras el rescate bancario llegará el rescate del sector público, y entonces las medidas serán mucho más duras: se despedirá a muchos funcionarios y se rebajarán las pensiones con fuerza. El paquete actual, aún con puntos oscuros (desempleo, diputaciones), parece apuntar a un esfuerzo serio de consolidación fiscal. En el corto plazo, el paquete resultará de nuevo contractivo para la economía, pero, tras la recuperación, España emergerá con una estructura fiscal más sólida y más parecida a la del resto de Europa.