La política fiscal tras la tormenta

La economía española afronta relevantes retos en el horizonte. Por una parte, el país aún tiene que purgar parte de los desequilibrios acumulados en la última fase expansiva (deuda al sector promotor, ajuste de la construcción residencial, reducción del desequilibrio por cuenta corriente, etc.) y, por otra, es necesario abordar los problemas generados por la propia crisis: nivel de desempleo, repunte de la morosidad, déficit público, etc. Así pues, España tiene aún que sufrir parte de la resaca de la expansión 2002-2007, mientras aborda los efectos dañinos adicionales de la crisis y perfila renovadas áreas de crecimiento para el futuro. Bajo este escenario resulta esencial diseñar el marco de desarrollo de la política fiscal.

Durante la primera parte de la crisis, el sector público sufrió un crecimiento extraordinario de su déficit. En primer lugar, la contracción de la actividad y el aumento del desempleo contribuyeron en gran medida a descuadrar los saldos fiscales. En segundo lugar, políticas como Plan E o la ampliación de cobertura a los desempleados contribuyeron al desequilibrio de las cuentas públicas. Esta evolución de los saldos presupuestarios ayudó a contener la contracción de la actividad. En este entorno, los conclusiones ricardianas bajo las cuales los déficit fiscales hoy no contribuyen al crecimiento porque generan un incremento del ahorro privado (y por lo tanto una caída del consumo) para hacer frente al incremento esperado de la presión fiscal mañana (necesario para pagar esos déficit) no tienen mayor sentido en un entorno de incertidumbre. Así pues, los problemas de información imperfecta y asimétrica y la incertidumbre de los mercados financieros durante buena parte del pasado año justificaron una política fiscal hiper-expansiva. Sin embargo, una vez los mercados comienzan a estabilizarse y la histeria desaparece, es necesario revisar nuestra política fiscal.

Así pues, déficit fiscales de dos dígitos tienen efectos nocivos sobre el crecimiento. En primer lugar, una vez los mercados parecen estabilizarse, podríamos observar un ajuste efectivo de la demanda interna privada durante este ejercicio para hacer frente a mayores impuestos, no ya mañana sino hoy mismo. En segundo lugar, los déficit podrían reducir la oferta de crédito al sector privado. En este sentido, el crédito a actividades productivas ajenas al boom inmobiliario se encuentra en ratios similares al conjunto de la eurozona, de modo que más pronto que tarde podríamos observar un incremento de la demanda privada de crédito. Así pues, los déficit sólo elevarían los tipos de interés al sector privado y, por lo tanto, reducirían el consumo y la inversión. Por último, el mantenimiento de estos niveles de gasto podría añadir incertidumbre a la capacidad de pago del Estado, ya que las perspectivas de crecimiento de la actividad son extraordinariamente reducidas.

Así pues, existen razones más que suficientes para revertir la política fiscal del pasado año: los déficit públicos son útiles para contener el ajuste de la economía, pero no tanto para acelerar el crecimiento. Para esto último son inexcusables el impulso a reformas estructurales en el sector servicios, transportes, sectores profesionales, etc. En todo caso, ¿cómo conducimos los saldos fiscales a su sitio sin constreñir la actividad?

Sin duda, hay que revisar la estructura fiscal del Estado. En este sentido, habrá que revisar al alza algunos impuestos orientados hacia un nuevo marco impositivo. Así, la subida del IVA, cuya recaudación a medio plazo debería aumentar sensiblemente, resulta necesaria. Además, se podría analizar la imposición de algún tipo de tasa sobre el sector financiero, aunque sólo sea para justificar políticamente el conjunto de políticas de ajuste. Por otra parte, la contención del gasto que no genera incrementos del crecimiento potencial es irremediable. Por ello, es razonable una reducción de la masa salarial en el sector público más ambiciosa de lo anunciado hasta ahora. Asimismo, habría que revisar todas las transferencias corrientes y algunos proyectos con reducidos tipos de retorno económico y social.

En la misma línea, habrá que contener el valor descontado de las obligaciones futuras del sistema de pensiones, así como introducir métodos de co-pago en aquellos servicios públicos que lo permitan, sin erosionar la equidad del sistema. Y en todo caso, poco o nada podremos hacer sin una agenda ambiciosa de reformas que incrementen el potencial de crecimiento de nuestro país. Hasta ahora, hemos tomado medidas acertadas y se han anunciado otras en la buena dirección. Sólo necesitamos algo más de determinación para llevarlas a buen puerto.